El fiscal pide ocho años para De la Rosa y Núñez por la trama de corrupción en Hacienda

Cohecho, prevaricación y falsedad en documento oficial. Esos son algunos de los delitos que imputa la fiscalía anticorrupción a un total de 14 personas por la supuesta trama de corrupción en la Inspección de Hacienda en Cataluña descubierta en 1999. Para todos ellos reclama un total de 126 años de cárcel.

Entre los acusados figuran el ex presidente del F.C. Barcelona, José Luis Núñez Clemente, y su hijo José Luis Núñez Navarro, para los que el fiscal solicita penas de ocho años y dos meses de cárcel por delitos de cohecho activo y falsedad en documento oficial.

Cohecho activo, uno continuado de prevaricación y uno de falsedad en documento oficial son las acusaciones que se realizan al financiero Javier de la Rosa, para el que se reclaman ocho años de cárcel.

Por su parte, el asesor fiscal Juan José Folchi afronta una petición de 12 años de prisión y el que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984, Eduardo Bueno, cuatro años.

La fiscalía anticorrupción sitúa en la cúspide de la trama a José María Huguet, ex jefe de la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña, así como a Alvaro Pernas y Manuel Abella, jefes de las unidades regionales de Inspección y cuyas competencias como funcionarios afectaban sólo a empresas o grupos empresariales que facturasen más de mil millones de las antiguas pesetas (seis millones de euros).

El caso provocó en su día la dimisión de José Borrell como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, después de imponerse a Joaquín Almunia en las elecciones primarias, cuando trascendió que entre los imputados estaba Huguet, colaborador de Borrell cuando fue Secretario de Estado de Hacienda.

Huguet y otro alto responsable de Hacienda que quedó exculpado, Ernesto de Aguiar, cobraron 400 millones de las antiguas pesetas entre 1990 y 1993 procedentes del grupo Torras-Kio, según confesó Juan José Folchi, la persona que hizo los pagos.

"Contactos corruptos"

La tesis de los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez Rey es que esos altos funcionarios públicos amañaron las inspecciones a esas empresas, entre ellas las del grupo constructor Núñez y Navarro, así como varias sociedades españolas del grupo kuwaití KIO o la inmobiliaria Ibusa. A cambio percibieron importantes sumas de dinero o bien propiedades inmobiliarias a un precio muy inferior al del mercado.

Según la fiscalía, los mandos e inspectores de Hacienda acusados actuaron ilícitamente de forma individual y separada, aunque sellaron un "pacto de silencio" para trabajar en un clima "de no injerencia y conveniente silencio, pues a ninguno de ellos les favorecía inmiscuirse en los asuntos de los demás".

En el caso de Huguet el fiscal solicita penas que suman 16 años de cárcel, 19 para Abella y 22 años de prisión para Pernas. Asegura el escrito de el fiscal que los tres, así como el inspector Roger Bergua, se mostraron "indebidamente propicios a los intereses de ciertos contribuyentes de elevado perfil económico, excitados por las ventajas patrimoniales que éstos les ofrecieron con la voluntad de ganarse sus voluntades".

El fiscal también se refiere a que "los corruptos contactos entre los funcionarios y los empresarios" se instrumentalizaban a través de ciertos asesores legales que también se sentarán en el banquillo de los acusados.

Entre los acusados también figuran el responsable del departamento de gestión de impuestos de Núñez y Navarro, Salvador Sánchez Guiu, para quien el fiscal pide 7 años y 8 meses y una multa de 2,5 millones de euros; el ex directivo de Ibusa Francisco Colomar (3 años y 6 meses); y el asesor fiscal del grupo Kepro, Juan Antonio Sánchez Carrete (6 años y cuatro meses).

A lo largo de las 349 páginas de su escrito, los fiscales Fernando Rodríguez Rey y Emilio Jesús Sánchez Ulled piden, asimismo, el pago de una multa de cuatro millones de euros a Huguet, Folchi y De la Rosa, y de 2 millones y medio de euros a José Luis Núñez Clemente y a su hijo, Josep Lluís Núñez Navarro.