Telefónica suspende su demanda contra Argentina y anuncia inversiones por 280 millones de euros

Telefónica y el Gobierno argentino han firmado hoy una "carta de intenciones" mediante la cual la compañía se compromete a suspender la demanda internacional pesentada en 2002 por la congelación de tarifas impuesta por el Gobierno, que asciende a 2.800 millones de dólares. Además, la empresa española se ha comprometido a realizar inversiones valoradas en 280 millones de euros a lo largo del presente año.

El nuevo marco pactado, firmado en la Casa Rosada, incluye también a favor de Telefónica más seguridad jurídica para su actividad, aunque no está previsto un plazo para la revisión del esquema de tarifas de la compañía. Nestor Kirchner, jefe de Estado de Argentina, y cinco de sus ministros acudieron a la sede de la Presidencia argentina para asistir a la firma del acuerdo. Por parte española estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación , Miguel Angel Moratinos, y una representación de funcionarios, diplomáticos y representantes de la empresa.

El acuerdo de Argentina con la compañía ha sido negociado durante dos años y medio, y según el ministro de Planificación del citado país, esta firma supone un "punto de inflexión" que permitirá al Gobierno argentino renegociar los contratos actualmente vigentes con las empresas privatizadas.

La "carta de intenciones" no está cerrada y faltan muchos detalles por negociar, el proceso ya está en marcha. Según explicaron fuentes de la compañía, habrá una audiencia pública por parte de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y al cabo de 30 días se hará efectiva la suspensión de la demanda, durante un plazo de 210 días. En ese periodo la empresa y el Gobierno argentino deberán alcanzar un acuerdo definitivo.

De este modo, la empresa no renuncia a la vía judicial, ni a reclamar la revisión de las tarifas, pero abre un nuevo plazo de negociación. El acuerdo final está pendiente de la negociación de las medidas de emergencia adoptadas en 2002 en plena crisis económica, pero también de la nueva ley de telecomunicaciones argentina, que deberá regular los derechos de los consumidores y promover la inversión privada.