La SEPI adjudica Trasmediterránea a la oferta liderada por el grupo Acciona
La Sociedad Estatal considera que presentó las "mayores garantías para el futuro de la compañía"
El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicó hoy Trasmediterránea al grupo integrado por la constructora Acciona, las navieras Matutes, Armas y Aznar, y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
El presidente de la sociedad estatal, Ignacio Ruiz Jarabo señaló que la SEPI falló a favor del consorcio liderado por Acciona por ser quien ha presentado "la mejor oferta en términos de precio y de plan industrial". Asimismo, dijo que los ganadores del concurso también han presentado "las mayores garantías para asegurar el futuro de la compañía".
A la privatización de Trasmediterránea optaban otras cinco compañías y consorcios: el formado por la constructora Sacyr, el operador turístico Marsans y Ahorro Corporación; el integrado por la naviera Boluda y CVC Capital Partners; el encabezado por la naviera Balearia, que acudía junto a Astilleros Rodríguez; la empresa británica Sea Containers; y la francesa Stef-TFE.
La SEPI seleccionó al banco JP Morgan Chase como nuevo asesor para culminar la privatización de la naviera en sustitución del Santander Central Hispano Investment, cuyo mandato fue revocado a finales de junio para evitar un conflicto de intereses derivado de la presencia en el consejo del banco del ex ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes y del empresario Juan Abelló, que a la vez tienen interés por hacerse con Trasmediterránea.
"Un amigo de Aznar"
El diputado socialista y vocal de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Antonio Cuevas, ha denunciado la adjudicación por considerar que se ha hecho a "un amigo del señor Aznar" como es Abel Matutes.
Según ha explicado Cuevas, el PSOE ha solicitado información sobre el proceso de privatización de la naviera y el PP no ha facilitado "absolutamente nada".
Cuevas ha dicho que la SEPI anunció que pospondría la adjudicación al próximo mes de septiembre, pero al final ha aprovechado el periodo de transición entre julio y agosto, cuando la gente está de vacaciones, para cerrar el proceso de venta. A juicio del diputado socialista se ha demostrado que ha sido un "proceso plagado de irregularidades" que hubiera merecido su paralización y su reapertura con una nueva base "sólida y transparente".
Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha calificado de "escandalosa" la decisión de la SEPI. "El Gobierno se adjudica a sí mismo la venta de empresas públicas para convertirlas en empresas del entorno familiar y político del PP", ha dicho.
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