Otra ronda

Después de dos reformas financieras impulsadas por los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, que no han surtido el efecto deseado de restablecer el crédito a las empresas y particulares, el Consejo de Ministros aprobó ayer una tercera reforma, impulsada en esta ocasión por el ministro de Economía, Luis de Guindos, con la vocación de ser la llave definitiva que restablecerá la confianza en las entidades crediticias españolas. En su orientación general, la reforma de Guindos obedece a los mismos criterios que las anteriores: provisiones para sanear los balances contaminados por el crash inmobiliario y fusiones (con un plazo de cuatro meses) para salvar entidades con riesgos de quiebra. Quizá suene a la misma receta, aunque esta vez con más intensidad.

Esos principios son, de entrada, correctos. Poco se puede oponer a que se exija a las entidades financieras unas provisiones extraordinarias de aproximadamente 50.000 millones para acelerar su saneamiento inmobiliario, o a que se distinga entre saneamiento contra resultados y saneamiento contra capital. Y mucho menos a que se limite a 600.000 euros anuales el salario de los directivos de las entidades intervenidas. En cuanto a la exigencia de que bancos y cajas (renovadas) restablezcan el crédito, es un ejercicio comprensible de voluntarismo. Otra cosa es que pueda organizarse un control efectivo de esa exigencia. Las dudas comienzan en la cantidad exigida de provisiones, una cifra sobre la que no se dispone de ninguna seguridad. Nada garantiza que la corrección de los balances exija esa cantidad u otra cualquiera, más elevada, en los próximos meses. La valoración de los activos inmobiliarios se deprecia con rapidez.

Y, naturalmente, también puede suscitar dudas la pretensión de que la reforma restaurará el crédito al tiempo que se imponen nuevas provisiones. El ministro y su equipo suponen que de esa manera se incentiva la venta de pisos a precios bajos: parece razonable pensarlo así, pero habrá que esperar a ver si se cumple. Lo que sí está claro es que a más provisiones menos crédito; y a menos crédito, más probabilidad de agravar la recesión. Con otro problema añadido. Quien pida dinero al FROB será porque lo necesita para equilibrar sus balances. ¿Cómo se le puede entonces exigir que conceda préstamos?

El otro apartado importante de la reforma es el de las fusiones. El Gobierno está interesado en otra ronda de concentración bancaria porque quiere salvar el destino de las entidades intervenidas. Pero las fusiones producen un efecto restrictivo sobre el crédito, con el agravante de que, además, tienen distraídos a los equipos directivos de las tareas urgentes del negocio (préstamos, márgenes, competencia) mientras duran los procesos. Por todo ello cabe pedir al Ejecutivo que, para restaurar rápidamente el crédito, condición primera y fundamental para procurar la reactivación económica, se muestre extremadamente vigilante sobre los posibles efectos secundarios de la reforma aprobada ayer.