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El caso de los ERE fraudulentos

El PP exigirá por vía judicial las actas de los 'consejillos' que presidió Zarrías

Los populares acusan a Rivero de actuar en el 'caso ERE' como sus antecesores

El PP andaluz sigue apuntando e intentado extender las responsabilidades sobre el caso ERE, el uso fraudulento de los fondos públicos destinados a ayudar a empresas en crisis. La portavoz del PP, Rosario Soto, anunció que su formación solicitará por vía judicial las actas de los consejillos, las reuniones preparatorias de los Consejos de Gobierno, dirigidas por el exconsejero Gaspar Zarrías y último secretario de Estado de Política Territorial.

Los populares consideran la supuesta participación del exdirigente andaluz sería una "prueba evidente" de la implicación de "todos los Gobiernos" de la Junta en los ERE.

El Gobierno andaluz confirmó la existencia de actas de los consejillos y achacó el anuncio del PP a un intento de estirar el caso de manera electoralista. "Tendrá que ser la juez la que decida, si es que el PP presenta la petición, si quiere esas actas, aunque todavía están pendientes de resolver las actas del Consejo de Gobierno", indicaron fuentes del Ejecutivo.

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Soto justifícó la nueva petición judicial del PP en el caso en que está "convencida" de que las actas son "importantes para la investigación y para conocer la verdad de los ERE". "Hasta en ocho ocasiones fueron retirados los intentos de modificación de normas", afirmó para avalar sus sospechas.

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Soto también cuestionó que el Gobierno andaluz haya salido en bloque a defender al actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, el último imputado por la juez del caso, Mercedes Alaya. Según el PP, Rivera ha seguido "el mismo procedimiento irregular que se seguía anteriormente", un procedimiento "de dudosa legalidad".

Para argumentar sus acusaciones entregó un documento que muestra una orden de pago a Springer, a la que ha sumado otras tres a las empresas Calderinox, Surcolor y Acyco (en este caso con pagos a "otros asesoramientos" y no a los trabajadores) firmadas por Rivera. "Exactamente con el mismo procedimiento que se ha utilizado con el fondo de reptiles, para el cual no tenía competencias", subrayó Soto.

La portavoz popular aseguró que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tendrá que explicar por qué respalda a un director general imputado. "La única obsesión [del Gobierno andaluz] es tapar la verdad y mentir sistemáticamente. Están intentando apretar la tapadera del escándalo, pero la tapadera salta por sí sola y cada vez más alta", insistió Soto en línea con los intentos del PP de extender las responsabilidades.

Con la imputación de Rivera, según la portavoz del PP, los escándalos "son cada vez más de hoy en lugar de ayer". La dirigente popular también dio por válida la declaración del principal imputado, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, y los testimonios recogidos por la Guardia Civil que apuntan a que "se destruyeron pruebas". "Posiblemente se estuvieron elaborando nuevos documentos, por lo que no solamente se destruye sino que se trata de elaborar nuevos documentos para tapar el escándalo", afirmó Soto para asegurar que se ha dado una "obstrucción a la justicia permanente".

El PP también recordó intervenciones parlamentarias de los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, negando que los intermediarios hayan cobrado comisión, algo que contradijo la investigación.

Soto hizo un balance muy particular de la legislatura. "Lamentablemente, el caso de los ERE, junto al récord de paro nacional y europeo, ha marcado la legislatura que acaba de finalizar. "El Gobierno, en lugar de estar inmerso en intentar solucionar los problemas de los andaluces, con lo que está obsesionado es con intentar tapar su responsabilidad en el caso de los ERE", enfatizó la portavoz popular.

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