El fiscal ve delito en la concesión de 10 licencias en Roquetas de Mar

La fiscalía ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción Decano de Roquetas de Mar el presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia en 2007 para la construcción de diez viviendas de lujo en la zona conocida como La Fabriquilla en el citado municipio almeriense.

El hecho "relevante" que da lugar a la denuncia de la fiscalía y que considera que "debe ser investigado" es, según fuentes judiciales, el "acto administrativo concreto" por el que se concedió la licencia. El permiso fue autorizado por el entonces concejal de Urbanismo, José María González (PP), en el equipo del alcalde de Roquetas de Mar y actual presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, desde que este fuese elegido regidor en 1995, pero que fue excluido de la lista del PP en las pasadas elecciones municipales.

El presunto responsable es un histórico del equipo municipal de Amat

La parcela sobre la que se levantaron las diez viviendas unifamiliares se encuentran en la Unidad de Ejecución UE-109 y fue objeto de un cambio en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 2006 mediante el que se modificaba el uso del suelo. Dicho acto fue denunciado por la Junta de Andalucía y declarado nulo en noviembre de 2011 por el Tribunal Superior de Andalucía de Andalucía (TSJA).

En el fallo, el Alto Tribunal valora que "difícilmente puede considerarse suelo urbano consolidado aquel que precisamente está sujeto a operaciones integrales de reforma interior para crear una superficie residencial en el Plan Especial que se modifica".

Pero el origen de la denuncia de la fiscalía se encuentra en una denuncia de un particular efectuada a comienzos de 2011 a Fiscalía Anticorrupción y en julio a la Fiscalía Superior de Andalucía, desde donde se deriva a Almería. La denunciante, perteneciente a la familia que poseía la parcela de La Fabriquilla, acusa al Ayuntamiento de Roquetas de Mar de "delitos continuados de cohecho, estafa, prevaricación y tráfico de influencias". Según la denuncia, el Ayuntamiento no atendió sus alegaciones solicitando la modificación de la calificación de parte del suelo de rústico a urbanizable para su inclusión en el Plan General de 1997. La familia vendió como rústico, pero en el PGOU se plasmó como urbanizable, con lo que el beneficio fue para quien compró a la familia.

En su denuncia, expone un relato cronológico de los acuerdos adoptados por el pleno de la Corporación municipal en este sentido, así como documentos que acreditan las operaciones de compraventa realizadas, según los denunciantes, por conocidas empresas almerienses, algunas -según la denuncia- posiblemente vinculadas a personajes públicos. Sin embargo, fuentes judiciales, apuntan a que algunos de estos hechos podrían haber prescrito.