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COLUMNA

Conductores suicidas

Si el aeropuerto de Castellón es una metáfora de hasta dónde nos ha llevado la estupidez política unida a la ambición y la codicia empresarial más el papanatismo provinciano, la estatua de Carlos Fabra que preside el acceso principal a esta instalación es el monumento que mejor refleja la borrachera de excesos públicos y el despilfarro que ha caracterizado la gestión del PP en la Comunidad Valenciana. 300.000 euros gastados a mayor honra y gloria de un cacique provincial cuyos delirios de grandeza pagaremos entre todos, mientras la justicia le investiga por un enriquecimiento presuntamente ilícito. El aeropuerto sin aviones no es la única obra que simboliza el pasado reciente. En Valencia, las inconclusas obras del nuevo Mestalla reflejan el final de la cultura del pelotazo. El estallido de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante todos los desvaríos de unos gestores políticos que hincharon sus pechos como pavos reales ante la bobalicona mirada de una sociedad que estaba convencida de que los perros se ataban con longanizas.

El Consell prevé una caída de ingresos en 2012 del 0,9%. El dato en sí es una tomadura de pelo

De nada sirvieron las advertencias de quienes observaban la realidad desde un cierto distanciamiento y una profunda preocupación por el camino en que avanzaban, cual conductores suicidas, los responsables públicos de la Comunidad Valenciana. José Manuel García-Margallo señaló hace ya varios años que "las deudas de hoy son los impuestos del mañana". Ítem más, el flamante ministro de Asuntos Exteriores recomendó, en un artículo publicado en la prensa local, paciencia y prudencia en la redacción del Estatut d'Autonomia, especialmente en lo referente al apartado de financiación autonómica. Margallo era partidario de esperar a que Cataluña se pronunciara para luego seguir su estela, como se hizo en Andalucía. Nadie de su partido le hizo caso. De más está decir que menos aún a quienes desde fuera del PP opinaron de forma similar.

Y qué es lo que se ha conseguido: Ser la autonomía con mayor endeudamiento de toda España en relación al PIB, estar en el pelotón de cabeza por lo que a destrucción de empleo se refiere, más empobrecimiento social y pérdida del sector financiero valenciano. Y, claro está, convertir las deudas en impuestos, como no podía ser de otra manera. Durante años, la Generalitat de Francisco Camps presumió de bajar impuestos y de aumentar las prestaciones sociales. Lo primero debía servir para crear empleo. No fue verdad. Lo segundo, para corregir los desequilibrios entre los ciudadanos. Igualmente falso.

Hace apenas un mes, el sustituto de Camps en la presidencia de la Generalitat aprobó un presupuesto absolutamente quimérico como se acaba de comprobar con el tijeretazo de Año Nuevo; pero antes de que se tomaran estas decisiones ya se sabía que era inviable. El Consell presentó unas cuentas en las que se contemplaba -y se contempla- una caída de los ingresos en 2012 del 0.9%. El dato en si es una pura tomadura de pelo. Pero eso no detuvo a los responsables del área de Hacienda autonómica que llevan años burlándose de los valencianos, presentado unos ilusorios presupuestos con más trampas que una caja china. Pero por extraño y sorprendente que parezca uno de los máximos responsables de haber hundido la administración autonómica sigue en su puesto como si la cosa no fuera con él, pese a que lleva 16 años, 16, fabricando las cuentas públicas. Me refiero a José Manuel Vela, hoy consejero de Hacienda, y en años anteriores autoridad máxima de la cosa presupuestaria. La única razón que encuentro para que Alberto Fabra no le haya destituido es que el presidente quiera hacerle pasar la vergüenza pública de ver cómo la mayor parte de su obra ha sido un puro disparate, bien por llevarla él mismo a cabo, bien por consentirla.

El pasado jueves, el vicepresidente José Ciscar anunció una serie de medidas, la mayoría de ellas muy polémicas porque cargan el peso de los recortes entre los funcionarios, singularmente entre los trabajadores de la sanidad pública. Otras, sin embargo, son tan sensatas que cabe preguntarse por qué no las adoptaron hace años. Qué impedía al Consell reconvertir el sector público, poner en marcha una central de compras para ahorrar en el gasto farmacéutico hospitalario, mejorar el control del absentismo laboral o vincular las subvenciones a la patronal y a los sindicatos a los resultados de la lucha contra el déficit. La respuesta es: Nada. Nada se lo impedía, pero nada hicieron para evitar el despilfarro, el absentismo o la lucha contra el fraude.

Tampoco cabe llamarse a engaño. Las medidas adoptadas son insuficientes. Las empresas públicas cuestan más de 3.000 millones y la reconversión del sector anunciada apenas supone un ahorro de 120. Habrá que hacer más recortes y serán muy dolorosos. La Comunidad Valenciana está en quiebra y nada garantiza que se pueda pagar la nómina de enero, toda vez que los recortes no empezarán a ser eficaces hasta dentro de unos meses. El precio a pagar por cómo han gestionado la cosa pública estos conductores suicidas que nos han gobernado va a ser muy alto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de enero de 2012