Las medidas de austeridad frenan el avance de la deuda pública

La deuda pública acusa por primera vez la cura de austeridad que comenzó a imponerse hace casi dos años. Las cantidades que adeudan las diferentes Administraciones dejaron de crecer en el tercer trimestre del año, algo que no ocurría desde principios de 2008. En septiembre la deuda suponía un 66% del producto interior bruto (PIB), igual que en junio, aunque en términos absolutos avanza levemente. Las cifras, divulgadas ayer por el Banco de España, reflejan que el control de las cuentas públicas empieza a surtir efecto, aunque con cuentagotas. El conjunto del sector público debe hoy un 15% más que hace un año, en total, 706.339 millones de euros.

A falta del dato de cierre del año, la deuda pública se sitúa ya a un paso de la previsión que realizó el Gobierno para el conjunto de 2011 (67,3%). Lo más probable es que la meta se alcance, pues el último trimestre suele registrar importantes aumentos del déficit y la deuda por distintas obligaciones de gasto que se acumulan en el tramo final.

Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha empeorado

Los límites a los Ayuntamientos logran rebajar el pasivo municipal

El endeudamiento español dista de la media de la zona euro (cercana al 90%), aunque las condiciones para financiarlo resultan más adversas por el acoso de los mercados a la deuda de los países periféricos, al que en las últimas semanas se han sumado Francia y, sobre todo, Italia.

Las comunidades autónomas aún escapan al cambio de tendencia -su deuda crece una décima en el trimestre, hasta el 12,6% del PIB-, pero el ritmo resulta mucho más moderado que el mantenido hasta ahora. Al inicio de la crisis, la deuda autonómica era del 6,6% del PIB y ahora prácticamente la duplica.

Simbólico de ese nuevo escenario resulta el caso de la Comunidad Valenciana, la más endeudada de España, que mejora su situación dos décimas, hasta el 19,9% de su PIB. En cambio, Cataluña, que está a punto de arrebatarle el puesto a Valencia con una deuda del 19,7%, aún eleva sus niveles, pese a tener prohibido el endeudamiento a largo plazo desde hace casi un año.

El Ministerio de Economía autorizó a finales de febrero pasado una partida de 1.000 millones correspondiente a gastos sanitarios anteriores de Cataluña. Entre eso y el crédito a corto plazo, que siempre pueden contraer las comunidades, esta Administración sigue viendo cómo crece su pasivo.

Algo similar ocurre en Castilla-La Mancha, la región que más empeora las cifras en el trimestre. Con el grifo del crédito cerrado desde hace más de un año, seguramente está consiguiendo financiarse a corto plazo. Donde sí resulta muy perceptible la cura de austeridad es en Baleares, la comunidad que más redujo sus desequilibrios en verano.

En la Administración central la deuda pública se estanca en el 50% del PIB y, si se aísla la parte del Estado (sin contar con empresas públicas como Renfe o RTVE), se produce un mínimo descenso de dos décimas. Hay que tener en cuenta que las necesidades de financiación del Estado son este año menores que en 2010, pues el déficit se ha reducido, desde el 9,3% en 2010 hasta un previsto (aunque todavía dudoso) objetivo del 6% para este año. En el caso de las comunidades, probablemente el déficit acabe siendo similar al de 2010 (2,8%), pero las autorizaciones de deuda sí están sometidas a las nuevas previsiones, por lo que el endeudamiento queda, en general, más restringido.

Ni el Estado ni las comunidades han aprovechado las estrecheces presupuestarias para engordar más el pasivo de empresas públicas que no están sometidas al corsé del déficit público. Estas sociedades, también contabilizadas por el Banco de España, han mantenido el nivel de endeudamiento durante todo el año en el caso de la Administración central. En las comunidades incluso cae una décima respecto a junio.

Los Ayuntamientos sí acusan con claridad el veto al endeudamiento (impuesto desde enero a los Consistorios cuya deuda supera el 75% de los ingresos corrientes). Con esa medida, se convierten en las únicas Administraciones que reducen la deuda en el último año, hasta representar el 3,4% del PIB. En el caso de las dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, la primera lo eleva mínimamente, mientras la segunda lo mantiene intacto.