La fiscalía indaga las pensiones que se asignaron altos cargos de Caixa Penedès

La fiscal jefe de Cataluña, Teresa Compte, ha decidido intervenir con contundencia ante el escándalo provocado por la asignación de pensiones millonarias por parte de la cúpula de Caixa Penedès. El pasado jueves, el mismo día que el caso salió a la luz pública, la Fiscalía Superior de Cataluña decidió abrir una investigación para determinar la "posible responsabilidad penal" de cuatro exdirectivos de la caja que se atribuyeron, por cuenta propia, planes de pensiones por un valor total que ronda los 20 millones de euros.

Las diligencias se encuentran en su fase inicial y serán dirigidas por la fiscalía especial de delitos económicos de Barcelona. El ministerio público considera que los cuatro exdirectivos que participaron en la trama podrían haber cometido los delitos de administración desleal y apropiación indebida. La fiscalía investiga si causaron un perjuicio económico a la entidad y abusaron de sus funciones para disponer de los bienes de Caixa Penedès en su beneficio.

La caja catalana exigió la dimisión de Pagès y Troyano el pasado jueves

El grupo al que se integró la entidad recibió 915 millones de fondos públicos

El expresidente de la entidad Ricard Pagès, el ex director general Manuel Troyano -a quienes el Consejo de Administración obligó a dimitir el jueves- y los exdirectivos Joan Caellas y Jaume Jorba también podrían ser investigados por un presunto delito de malversación de fondos públicos, que el Código Penal castiga con penas de hasta ocho años de prisión en los casos más graves.

La fiscalía deberá determinar, además, si la asignación de los planes de pensiones se hizo antes o después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectara 915 millones de euros en julio de 2010 al Grupo BMN, resultado de la fusión fría de Penedès con las cajas de Granada y Murcia y la balear Sa Nostra. En caso de que esa asignación hubiera sido posterior a la fusión, la fiscalía podría investigar si existe un delito de malversación de fondos públicos.

El Consejo de Administración de la caja exigió el pasado jueves la dimisión a Pagès y Troyano tras constatar que los cuatro ex altos cargos se habían adjudicado un plan de pensiones de 20 millones de euros que se repartían a partes desiguales de acuerdo a criterios jerárquicos. Fuentes cercanas a la caja explicaron que el plan estaba asegurado por otra entidad financiera y que era independiente de las retribuciones, dietas e indemnizaciones que percibían los investigados.

De todos ellos, el único que ahora estaba en nómina era Troyano, que percibía más de medio millón de euros por ser director general de una caja que solo contaba ya con 10 empleados. Troyano había sustituido a Caellas en agosto pasado, cuando este dejó su cargo tras varios desencuentros con otros directivos de BMN. Según fuentes consultadas, su salida costó cerca de un millón de euros, a razón de 45 días de indemnización por año trabajado.

El máximo órgano de gobierno de la caja aseguró en un comunicado que desconocía los planes de pensiones que se habían asignado los cuatro investigados por la fiscalía. Es más, aseguró que hasta la sesión del pasado jueves no había contado jamás con "información veraz y detallada de estas remuneraciones y prestaciones".

Fuentes de la caja admitieron la torpeza del Consejo y criticaron la inoperancia de la comisión de retribuciones, encargada de controlar los sueldos y dietas de los directivos e integrada por tres representantes de las entidades fundadoras. El sindicato CC OO criticó que se haya producido un nuevo escándalo con las retribuciones de las cajas, sobre todo cuando estas han recibido fondos públicos y han pedido "sacrificios" a sus plantillas.