Algunas infraestructuras realizadas "no tienen justificación económica"
Tres académicos dialogan en la Fundació Ernest Lluch sobre inversiones
La planificación de infraestructuras en España no resiste un análisis riguroso, coincidieron ayer tres académicos valencianos reunidos por la Fundació Ernest Lluch para debatir sobre diálogo territorial, competitividad y financiación de obras públicas. "No hay justificación económica para algunas costosas inversiones realizadas", defendió Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València. El catedrático puso de ejemplo el AVE o algunos aeropuertos como el de Ciudad Real.
Para Romero resulta insólito que en un país de corte federal como España, en el que las competencias de ordenación del territorio residen en las comunidades autónomas, las decisiones sobre las infraestructuras se tomen desde el centro. "Ni la economía ni la geografía se han tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones", dijo tras corroborar que han sobrado "desconfianzas" y faltado "lealtad institucional" entre los Gobiernos autonómicos y el Gobierno central para pactar esa planificación. "La estrategia política de la polarización, en la que han caído los dos grandes partidos, es electoralmente rentable pero devastadora", sentenció.
A modo de ejemplo, Romero puso de ejemplo lo ocurrido con el plan estatal de infraestructuras de 2005, con una inversión prevista superior a los 200.000 millones de euros. Los responsables autonómicos se enteraron del contenido media hora antes que el resto del país, explicó el académico.
Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico y director de investigación del IVIE, añadió que la falta de cooperación entre instituciones tiene consecuencias graves por dos cuestiones: porque estas inversiones afectan a la eficiencia del gasto público y a la capacidad de crecer de las economías.
Pérez apuntó que España ha acumulado en las últimas décadas stock de capital público y privado a ritmo asiático, es decir, muy deprisa, y mucho de este activo ha sido improductivo, no se le ha sacado el partido que debiera. No ha generado el valor añadido que se esperaba, defendió.
El AVE no soportaría un análisis de coste en relación al beneficio, si bien, "en este país se ha instalado la agobiante perspectiva del corto plazo, y el valor añadido es algo que solo se puede valorar a largo plazo" concluyó Pérez.
La UE pide transportes sostenibles
Pedro Coca, profesor titular de la Universitat Politécnica de Valènica, subrayó que la Unión Europea está exigiendo a sus países miembros que hagan un transporte sostenible e interoperable "y para eso hace falta mucho diálogo entre territorios".
Coca puso sobre la mesa el problema que supone el que esos países o territorios inviertan en infraestructuras para atraer a las empresas. "Luego nos encontramos con que no hay reciprocidad en ese pacto. Aquí nadie asegura nada", dijo. Según Coca, ensamblar un disco duro en Tailandia requiere de 47 componentes de 11 países distintos. Y los costes logísticos superan ya a los de mano de obra, de ahí que las empresas exijan infraestructuras de transporte competitivas para no deslocalizar su producción. Coca abogó por los compromisos bilaterales.
Luego citó un estudio que coloca a España -en una lista de unos 150 países- en el puesto 12 en dotación de infraestructuras, y en puestos mucho más retrasados en relaciones laborales y logística. "A lo mejor es hora de desviar la inversión a otros cometidos", agregó Coca, en alusión a la cualificación de los recursos humanos o a la investigación y el desarrollo.
"Hemos hecho muchas infraestructuras con criterios políticos, pero tampoco podemos irnos al otro lado. Tenemos que encontrar un equilibrio", dijo.
Un juez obliga a Orihuela a pagar 7,5 millones por el concurso de basuras
El Ayuntamiento de Orihuela, integrado por el PSPV, Los Verdes y el Centro Renovador Liberal, tendrá que hacer frente a una indemnización de 7,5 millones por dejar desierto el concurso de la basura del municipio. La indemnización deberá pagarse a Urbaser, una de las firmas que se presentó al concurso que declaró desierto el anterior equipo de gobierno, liderado entonces por Mónica Lorente, del PP. Una sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, obliga al Consistorio a adjudicarle a Urbaser la contrata o a pagarle 7,5 millones.
Ayer, al conocerse la indemnización a la que tendrán que hacer frente las arcas del municipio, el equipo de gobierno aseguró que pedirá a los "responsables directos" que paguen la indemnización. "El Ayuntamiento se va a defender con uñas y dientes para conseguir que al final la sentencia sea lo más beneficiosa posible", explicó la concejal de Contratación, Asunción Mayoral. La edil también aseguró que los servicios jurídicos del Ayuntamiento intentarán "en última instancia que todos y cada uno de los concejales del anterior equipo de gobierno tengan que pagar con su patrimonio la indemnización que debe pagar el Ayuntamiento".
El fallo judicial refiere al acuerdo de la junta de gobierno de declarar nulo el citado contrato. La decisión fue ratificada en el pleno del 19 de diciembre de 2007. El TSJ ratificó una sentencia del juzgado número 1 de Elche a raíz de que Urbaser, una de las firmas que aspiraban a adjudicarse el concurso, presentara un recurso. La exalcaldesa oriolana Mónica Lorente, del PP, declaró desierto el concurso después del escándalo de un supuesto soborno de Urbaser por el contrato, contenido en una conversación grabada entre el empresario Ángel Fenoll y un exconcejal del Centro Liberal. La cinta dio origen al caso Brugal.
Lorente retomó el contrato con un nuevo pliego y el servicio se adjudicó a la UTE Sufi, Liarus y Gobancanst en octubre de 2008.
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