La juez Alaya reclama a la Junta que detalle los cobros de 14 intrusos

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha exigido a la Junta que le informe de las cantidades abonadas a 14 de los 72 intrusos (personas prejubiladas y ajenas a las empresas beneficiadas con ayudas) para imponerles las respectivas fianzas tras su imputación judicial. La fiscalía solicitó a la magistrada que decrete una fianza total de 2,85 millones para los 14 imputados, y ahora la juez en un auto del pasado viernes pide a la Junta y al Consorcio de Compensación de Seguros adscrito al Ministerio de Economía, que detallen las pólizas y cobros percibidos por los intrusos, antes de fijar una cifra para cada uno.

La juez razona en el auto: "Teniendo en cuenta la dificultad para establecer las cuantías individuales aplicables a cada uno de los imputados en la causa" y para contar "con cuantos datos sea posible recabar", reclama a la Junta y al Ministerio presteza para poder fijar las fianzas. La medida busca confirmar que la Junta recuperará los 10 millones que estimó habían percibido los 72 intrusos identificados. Entre las peticiones monetarias del ministerio público destacan los 570.000 euros exigidos al intruso Antonio Arquero, vecino de El Pedroso (Sevilla) y amigo durante 40 años del ex director general de Trabajo Javier Guerrero y exalcalde de dicha localidad.

La juez pide a Empleo las notas de los expedientes que la consejería excluyó

Mientras, la magistrada ha pedido a la Junta que le envíe "la documentación de gestión administrativa" de cada expediente. "Notas manuscritas o borradores, contienen información relevante para la causa, dado que no existe un expediente administrativo propiamente dicho". Es decir, Alaya busca indicios en esos post-it y papeles al margen que la Junta no estimó relevantes pero que pueden aportar luz y explicar por qué algunas ayudas se dieron de manera discrecional a ciertos empresarios.

Además, la juez pide información a las aseguradoras Fortia y Personal Life sobre seis intrusos y sus "rentas ilícitamente percibidas", así como al Banco Vitalicio sobre otros tres, y a la Junta sobre las pólizas adscritas a la aseguradora Apra, con sede en Bélgica. Al Consorcio de Compensación de Seguros le solicita asimismo que envíe toda la información disponible sobre el restaurante Río Grande, investigado por dos prejubiladas de manera supuestamente irregular, María José de la Rosa Aparicio y Carmen Fontela. "El pago de la prima se verifica mediante el sistema de pago cruzado", subraya Alaya. La juez recalca cómo estas dos personas se prejubilaron gracias a un ERE que fue abonado a través del sistema de "pagos cruzados" que utilizó la Dirección General de Trabajo para los compromisos más urgentes, mediante órdenes directas a las aseguradoras y sin pasar por el órgano pagador estipulado: la agencia IDEA. Esta situación anómala hizo que el ERE de Río Grande y muchos otros no aparezcan en los listados elaborados por IDEA.

En el auto, Alaya le pide al letrado de la Junta que le aporte el expediente referente a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) y a la empresa Refractarios Sevilla. Asimismo, le recuerda a la Junta que debe entregarle copia "íntegra y compulsada" de los expedientes ya solicitados en los autos del 16 de abril, 14 y 27 de septiembre.

Mientras, Alaya pide a la Junta que le remita un informe elaborado por Empleo y supuestamente enviado al viceconsejero de la Presidencia sobre un acuerdo de encomienda a la Agencia IDEA para programas sociolaborales y ayudas sociales excepcionales dependientes de los mismos en la primavera de 2010.