La fiscalía ordena a Anticorrupción que investigue la gestión de Novacaixa
El ministerio público indagará las indemnizaciones de los exdirectivos
La Fiscalía Anticorrupción investigará la gestión de las cajas de ahorros gallegas. Lo hará en una doble vertiente: los motivos por los que sus recursos propios quedaron reducidos a 181 millones de euros, un 10% de su valor en libros, tras aplicar las pérdidas de su cartera de créditos, y por otro, la legalidad de las millonarias indemnizaciones y prejubilaciones que se embolsaron sus antiguos directivos.
Las indagaciones se abren a instancias del sindicato nacionalista CIG, que trasladó una denuncia a la Fiscalía General del Estado sobre la situación actual y las presuntas irregularidades en la caja resultado de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. Ese organismo ha atribuido las competencias a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, según el ministerio público.
La decisión llega tras el rechazo del PP a una comisión de investigación
El escrito de denuncia es de Clodomiro Montero, representante de la CIG y del consejo general de Novacaixagalicia. Montero interpreta la decisión la Fiscalía General como "un paso positivo" hacia el esclarecimiento de las causas de la desvalorización de la caja y de la legalidad de las indemnizaciones. Para el representante sindical el traslado a Anticorrupción "pone en evidencia al Partido Popular", que se negó a abrir una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre las posibles irregularidades en la caja de ahorros.
La denuncia sobre la valoración de la entidad se debe a la suposición de que su valor en libros debe ser fiel a la situación real. Pero los 1.784 millones que figuraban como capital fundacional se redujeron a 181 millones cuando el Banco de España hizo su valoración. De esta manera, la caja pasó a representar apenas el 6,85% del valor del nuevo banco, Novagalicia Banco, lejos del 15% que había anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tras la nacionalización del banco, tres directivos de la caja rescindieron sus contratos a cambio de 25 millones de euros.
Por otra parte, el abogado murciano Diego de Ramón presentó ayer ante la Audiencia Nacional una ampliación de su denuncia contra la exdirectora general, Dolores Amorós y otros altos cargos en la que pide que se investigue la dejadez de la Comunidad de Valencia y Murcia en fiscalizar las cuentas, informa Manuel Altozano.
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