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"Es importante que España acepte la nueva carta de derechos sociales"

Luis Jimena, presidente del CEDS, resalta la capacidad de acción del organismo

De la Carta Social Europea, en general, se sabe poco. Por ejemplo, que es un catálogo al estilo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero centrado en los derechos sociales y económicos (vivienda, salud, educación, la no discriminación y la protección legal). Que tiene un órgano encargado de supervisar su cumplimiento, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Que el presidente del comité es Luis Jimena, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València. O que España ratificó el texto original (1961) en el año 1980, pero aún no ha suscrito el protocolo de 1995 que reforzó las garantías mediante un sistema de reclamaciones colectivas ni el texto revisado de 1996 que completó el catálogo de derechos.

Asambleas del 15-M han solicitado que España se adhiera al nuevo documento

Hace tres semanas, el Consejo de Europa -un organismo integrado por 47 estados y fundado en 1949, antes de la Comunidad Europea- celebró el 50 aniversario de la Carta Social Europea. El CEDS es "la máxima instancia europea en protección de los derechos sociales", explica Jimena en conversación con este diario. Y lo es por varios motivos. Tiene capacidad de acción sobre la "Europa amplia", desde Portugal hasta Turquía. Pero, además, en contra de lo que sucede con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que contiene también un catálogo de derechos sociales, la Carta Social tiene mecanismos de garantía, como el recurso de amparo. "Por eso es importante que España acepte no solo la carta revisada, sino también el sistema de garantías consistente en el mecanismo de reclamaciones colectivas, susceptibles de ser formuladas por organizaciones sindicales, empresariales y no gubernamentales de la sociedad civil".

Esta importancia quizás se haga aún más patente en un momento como el actual, en el que la crisis y las presiones de los poderes económicos amenazan con lleverse por delante parte de los mecanismos de protección social de los que se ha dotado la democracia española. "Hay un argumento inaceptable según el cual los derechos sociales van en consonancia con la situación económica y, en consecuencia, en época de crisis se podría y debería reducirlos", comenta Jimena. "¿Pero qué derechos no tienen un soporte económico?", se pregunta. El presidente del CEDS pone el ejemplo del derecho al voto, que lleva aparejado un gasto vinculado a garantizarlo (confección de censos, organización de colegios electorales, voto electrónico...). O la tutela judicial efectiva: "¿Cuánto dinero cuesta mantener el sistema judicial? Mucho más que las prestaciones sociales".

La Carta Social Europea se divide en cuatro bloques: empleo e igualdad de oportunidades; seguridad y protección social; derechos laborales; y derechos relacionados con personas vulnerables. Este último apartado está incluido en la modificación que España no ha ratificado. A pesar de ello, el Comité Europeo de Derechos Sociales tiene capacidad de tomar decisiones vinculantes. Un ejemplo de ello es lo sucedido con España en 1990. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) elevó la edad de educación obligatoria a los 16 después de que el CEDS estableciera que en España había un desfase de dos años entre la edad máxima de educación obligatoria (14 años) y la mínima para trabajar (16 años). Recientemente, un estudio sobre la aplicación de la renta mínima garantizada ha comprobado que solo el País Vasco cumple con la paga mínima (60% del umbral de pobreza fijado por Eurostat).

El presidente del comité insiste en que en los tiempos que corren es especialmente relevante difundir la actividad del organismo que representa. Ya hay quien ha asumido esta tesis. Por ejemplo, el 15-M. En la página web de la acampada Salamanca se propone la aceptación por parte de España de la carta social reformada (1996) y del protocolo de reclamaciones colectivas (1995) con el fin de reforzar las herramientas jurídicas "para el control de las políticas regresivas adoptadas por los gobiernos desde hoy y para el futuro".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de noviembre de 2011