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Hernández reduce las garantías ambientales en grandes proyectos

Elimina un trámite para ayudar a la iniciativa privada y suprimir burocracia

Para la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras es una modificación sencilla que elimina burocracia manteniendo las mismas garantías que exige la normativa estatal. Para la oposición, un gol al medio ambiente disimulado en la Ley de Presupuestos de 2012. La norma que ahora tramita el Parlamento contiene un párrafo que elimina la obligatoriedad de que los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal (los grandes, como hospitales o parques eólicos), se sometan a "evaluación ambiental estratégica".

Esa garantía se comenzó a exigir con la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Territorio, en 2007. "Cuando un promotor somete a impacto ambiental su iniciativa no tiene sentido que el proyecto sectorial también se someta a evaluación estratégica. Estamos simplificando las cosas", aseguran en la Consellería. "La única verdad es que han realizado dos modificaciones en la Ley de Ordenación del Territorio, es una vergüenza para este país", replica la diputada del BNG Teresa Táboas. En una encendida intervención en la comisión de presupuestos de ayer, ?donde Agustín Hernández defendía los suyos?, tachó las cuentas de Medio Ambiente e Infraestructuras de "mentiras plurianuales". Incluso aludió al padre del surrealismo, André Bretón, para ilustrar que la consellería "habla de austeridad y permite la golfería de \[la urbanización ilegal\] Barreiros".

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"La Administración coadyuva a la iniciativa privada para evitar una doble evaluación", insistió Agustín Hernández en la réplica. Taboas le había recriminado esa supresión "por la puerta de atrás" de las garantías ambientales mencionadas junto a otra figura sobre el grado de protección de los proyectos que también se anula. "¿A quién beneficia? ¿a los pequeños empresarios? No. ¿Cuántos proyectos de incidencia supramunicipal se tramitan? Muy pocos", replicó Táboas en declaraciones posteriores.

Más allá de la polémica, defender las cuentas de la consellería que más recortará su gasto en 2012 dio poco pie al manejo imaginativo de los porcentajes. Por eso Hernández no disimuló ayer los descensos en casi todas las partidas, que sufrirán un tijeretazo global del 9,8%, 55,9 millones menos. Los tildó de unos presupuestos "realistas" que permitirán poner en servicio 150 kilómetros de carreteras y 13 depuradoras. La Agencia de Protección da Legalidade Urbanística se dejará en el camino el 11% del presupuesto; las Xestur (que desarrollan suelo empresarial), otro 14%; Augas de Galicia un 15%. Y así una lista larga de partidas con alguna excepción, como Sogama, cuyos fondos crecen un 9% para hacer frente a su principal problema: el cobro del canon a los ayuntamientos. Aumentará los ingresos por la venta de energía, una medida que para BNG y PSdeG es un síntoma más de que se aparca el reciclaje y la reutilización.

"Hemos rebajado desde 2009 el gasto corriente en 70 millones de euros, un 44%", justificó el conselleiro en su exposición en aras de la austeridad que, sin embargo, no afectará al mantenimiento de carreteras, en el que trabajan 236 personas. Garantizó que el año próximo se ejecutarán 142 millones de las obras en la autovía de la Costa da Morte, se pondrá en servicio la autovía entre Ourense y Celanova y "continuarán", otras obras, como el corredor Ferrol-San Cibrao, la tercera ronda de A Coruña, la variante de Noia y el acceso a la Plataforma Logística (Plisan) de Salvaterra. Los presupuestos permitirán, según la Xunta, terminar actuaciones en más de 150 kilómetros de carreteras, de los que 80 corresponden a viales de nuevo trazado. Se pondrán en servicio 13 nuevas depuradoras.

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Al socialista Pablo López Vidal no le cuadran las cuentas y advirtió de la "reprogramación o paralización", de las principales infraestructuras, como la autovía Vilagarcía-Pontevedra, la Vía Ártabra o los corredores de Ferrol y Noia. "Recortan pero piden mil millones al año en deuda pública. ¿Dónde están?", espetó al conselleiro.

En materia de vivienda, que también recibió una lluvia de reproches, Hernández reconoció que la dotación cae un 12%. "Seguimos tramitando la ley de vivienda y el registro de demandantes de suelo empresarial. Vamos a crear una bolsa de viviendas protegidas y aumentar la rehabilitación", anunció. Ni Táboas ni Pablo López dejaron pasar la oportunidad para denunciar por enésima vez la incongruencia de la urbanización ilegal de Barreiros, la política del todo vale. "Podrían eliminar la Agencia de Legalidad Urbanística, para lo que sirve", ironizó la diputada.

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