Anticorrupción prorroga la investigación de las ayudas de Blasco

La investigación que la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo desde hace un año sobre las ayudas a la cooperación concedidas por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Rafael Blasco, se prorrogará, según informó ayer la agencia Europa Press. La investigación tuvo su origen en sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de la diputada de Compromís Mireia Mollà. Al cumplirse un año de su inicio, el fiscal especial ha de prorrogar formalmente seis meses más el periodo de investigación.

Tirado denunció irregularidades en la concesión de subvenciones a diversas ONG y especialmente dos ayudas en 2008 de 833.000 euros cada una a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, que compró dos entresuelos con garaje en Valencia cuando recibió el dinero. La Fundación Cyes (no confundir con la empresa del mismo nombre) tiene ahora su sede en esos inmuebles, que figuraban en los proyectos de cooperación en Nicaragua aprobados por el departamento de Blasco aunque la consejería pidió después a la entidad que justificara los gastos con otro tipo de facturas.

Por otra parte, Mollà denunció la existencia de una trama de captación de subvenciones para la cooperación alrededor de la Fundación Hemisferio (Fundación Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por sentencia judicial). La diputada de Compromís, cuya denuncia coincidía en buena medida con la realizada por la parlamentaria socialista, aportó una abundante documentación al fiscal.

Tribunal de Cuentas

El ministerio público abrió una investigación por ambos asuntos en octubre de 2010, y tenía el plazo de un año, que acaba este mes, para decidir si los archivaba, los remitía al juzgado o los prorrogaba. Ante la abundante documentación y su complejidad, ha optado por pedir una prórroga de seis meses.

Mientras tanto, y como consecuencia de un informe realizado por la Sindicatura de Comptes, que constataba que los proyectos aprobados incluían la compra de dos pisos, que la consejería no pidió la devolución del dinero cuando se empleó en los inmuebles, aunque reclamó justificantes de gastos por otros conceptos y no acabó acreditando debidamente las facturas, el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación por supuesta responsabilidad contable. La socialista Tirado ejercitó la acción pública y se constituyó en parte acusadora.