El PP relaciona a Viera con la condonación de créditos
El PP denunció ayer que el Gobierno andaluz condonó créditos concedidos a varias empresas por parte del programa 31L, el fondo de ayuda para empresas en crisis, por un montante de 9,1 millones de euros, durante la etapa en la que José Antonio Viera fue consejero del Ejecutivo y presidente del IFA. La denuncia la hizo en conferencia de prensa por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, quien dijo que toda la documentación que obra en poder de su partido va a ser remitida a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares financiados con fondos públicos.
Sanz señaló que existen varias empresas -cuyos nombres no desveló- a las que desde la Junta se les ha condonado ayudas que recibieron en su momento, aunque solo uso el ejemplo con Pickman, a la que le concedió un aval de 1,8 millones de euros que "nunca" reembolsó. Aseguró que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), presidido por José Antonio Viera, concedió un crédito a esta empresa que no fue devuelto, de la misma forma que posteriormente a esta misma firma se le concedió una ayuda por el mismo montante -1,8 millones de euros-, aunque "con cantidades troceadas" para que "no tuviera que se aprobado legalmente" por el Consejo de Gobierno.
Reembolsable
El dirigente popular, quien se preguntó cuánto piensa esperar el PSOE para destituir al actual secretario general del PSOE de Sevilla y candidato al Congreso de los Diputados, señaló que los fondos públicos "deberían ser reembolsables" y, sin embargo, desde "el fondo de reptiles" la Junta se dedicaba a "condonar".
Tras precisar que el PP no está criticando la concesión de las ayudas y de los créditos sino el hecho de que se les "condonen a algunos privilegiados", el dirigente del PP reiteró que este es un "episodio nuevo de las mentiras" del exconsejero, al que le ha preguntado si sigue diciendo que "no tiene responsabilidades".
Por otra parte, Sanz anunció que su partido va a pedir la comparecencia del Gobierno en el Parlamento por los "recortes" que dice que está realizando en materia de sanidad, educación y asuntos sociales. Dijo que el Gobierno andaluz se dedica a "despilfarrar" con "gastos inútiles" como el mantenimiento de la Delegación de la Junta en Madrid, cuyo contrato de alquiler se ha renovado hasta el 2015 y asciende a 111.919 euros anuales.
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