El director del Igape imputado afirma que no volverá a ocupar el cargo

El todavía director del Igape, Joaquín Varela, apartado provisionalmente del organismo de la Consellería de Industria después de ser imputado en la Operación Campeón, no volverá a la Administración pública. Lo anunció ayer, tras prestar declaración ante la juez Estela San José en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo. No fue el único en declarar: el empresario Jorge Dorribo, que ha llegado a implicar al ministro de Fomento en un cobro ilegal de comisiones, también acudió ayer a los juzgados de la Praza de Avilés. Dorribo está acusado de dirigir una trama para el cobro fraudulento de subvenciones públicas. Fue el mismo día en que unas 500 personas desfilaron por la ciudad en apoyo a la magistrada San José y a la juez Pilar de Lara, que en el Juzgado número 1 de la ciudad instruye el Caso Carioca por una red de prostitución.

"Mi colaboración es absoluta porque quiero que acabe pronto", dice Varela

Unas 500 personas se manifiestan en apoyo de las juezas San José y Lara

Antes de Varela, fue Dorribo quien presentó su versión de los hechos ante San José. A las nueve de la mañana llegaba a la sede judicial acompañado del abogado Ignacio Peláez, que lleva la defensa, además, de varios acusados en la trama Gürtel. Dos horas más tarde abandonaban el lugar esquivando a los periodistas. Diversos testigos afirman haber visto al empresario entrar en un notario ubicado en el centro de la ciudad alrededor de las seis y media de la tarde del pasado jueves.

Pero a las puertas de los juzgados no solo se esperaba a Dorribo. Joaquín Varela salía del edificio hora y media después del empresario. Acompañado de su esposa, este sí ofreció explicaciones. "Entré tranquilo y salgo tranquilo", adujo, antes de insistir en que se siente "inocente". El hasta ahora responsable del instituto de crédito de la Xunta compareció durante media hora en su segunda declaración. La primera se produjo en mayo, cuando agentes de la policía nacional lo detuvieron en la sede del organismo en Santiago. "He sido citado para aclarar ciertas dudas que podrían tener en el juzgado", se extendió, "por mi parte les he facilitado toda la información que se me requirió y he mostrado toda la información y mi disposición a colaborar al máximo con la justicia". "Mi colaboración es absoluta, porque deseo de que todo el proceso dure lo menos posible", añadió. Joaquín Varela acabó explicando que el proceso que comenzó en mayo con su arresto le está suponiendo "un coste muy importante desde un punto de vista familiar y personal". También anunció que no regresará a su puesto del Igape, a pesar de que la Xunta no ha aclarado todavía el futuro de la institución y de que solo está suspendido del cargo de forma temporal.

Otro de los imputados en el caso por las acusaciones de Dorribo, el ex conselleiro de Industria por el BNG Fernando Blanco, presentó ayer un escrito en el juzgado en el que pide que le llamen a declarar y que se levante el secreto del sumario. Blanco se queja de que está sometido a un juicio paralelo, después de que el diario El Mundo difundiese las acusaciones de Dorribo contra él.

Horas después de la juez acabase su trabajo, una marcha convocada por la recién creada Plataforma contra la Corrupción y en defensa de la Justicia recorría las calles de Lugo. Los promotores, miembros de agrupaciones como la Asocación en Defensa do Parque Rosalía, protestan porque, a su juicio, las magistradas San José y De Lara sufren presiones a la hora de desempañar su labor.

"Viva la justicia y vivan las juezas", se desgañitaba por el megáfono el portavoz Marcos Bourio. Y entre aplausos, tarjetas rojas y silbatos remataba la manifestación, que incluyó una parada incluida ante la casa consistorial. A la marcha se adhirieron representantes de fuerzas minoritarias tan alejadas entre sí como Unificación Comunista de España o el histórico exdirigente del Partido Galeguista Ramón González. Ayer, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió un comunicado en el que respaldaba a las juezas pero criticaba la marcha y alegaba que los magistrados tienen mecanismos propios de protección.