Alarte arremete contra Fabra por los recortes en sanidad

"Ni una fundación, ni un sarao, ni un pago a Ecclestone a costa de cerrar una sola cama de hospital o contratar a un médico menos". El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, reaccionó ayer con contundencia al anuncio del Consell de que cierra 262 camas y paraliza cinco hospitales en proyecto o en construcción para ahorrar recursos. El líder del PSPV-PSOE dio por rota la negociación con el Gobierno de Alberto Fabra en lo que atañe a sanidad, anunció que su partido se movilizará en favor del sistema público de salud, tras mantener contactos con colectivos de las cinco comarcas afectadas por la paralización de hospitales, y acusó al jefe del Consell de haber mentido "de forma deliberada y consciente" al asegurar que no habría recortes en sanidad, educación o políticas sociales.

El líder del PSPV pide una revisión de la política fiscal de la Generalitat

La reacción del PSPV-PSOE responde a que considera que el PP ha traspasado una de las líneas rojas en el debate sobre las políticas frente a la crisis, sin haber buscado el acuerdo de la oposición, sin asumir la necesidad de revisar su política de reducción de impuestos y sin haber saneado a fondo el sector público de la Generalitat. Para Alarte, las cifras no se reducen a 262 camas menos, sino que la decisión del Consell implica el recorte de 1.512 plazas dado que los cinco hospitales que se paralizan habrían supuesto 1.250 camas más.

Alarte, que recordó que el sistema valenciano de salud dispone de 1,9 camas hospitalarias por cada mil habitantes, frente a la media española de tres por cada mil habitantes, recriminó al Consell que "ha decidido dejar a mitad de construir los hospitales públicos de Gandia y de Llíria y, después de engaños y de colocar carteles, no construirá los de Torrent, Vall d'Uixó y Ontinyent". Además, según el dirigente socialista, se dejarán de crear con ello 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos y se dejarán de invertir 200 millones de euros.

La de los recortes es ya una batalla central en el debate entre socialistas y populares de cara a las elecciones generales. En el PSPV-PSOE consideran que el anuncio del Consell es al mismo tiempo un síntoma de lo desesperado de las finanzas de la Generalitat y un ensayo del alcance que los ajustes pueden llegar a tener cuando quede despejado el panorama electoral. Por eso, Alarte cifró el margen de maniobra del que, en su opinión, dispone Fabra en la negociación con la oposición de las medidas contenidas en la denominada ley de acompañamiento, la liquidación de la mayoría de las fundaciones y empresas públicas actuales y un decreto de eficiencia que reduzca un 15% el gasto general de la Administración autonómica. Si lo hace tendrá el apoyo del PSPV, añadió.

"Fabra ha decidido que tengamos una peor sanidad y mentirnos", dijo Alarte, que arremetió también contra la política fiscal del Consell, aseguró que el restablecimiento del impuesto de patrimonio a los más ricos, al que se niega el PP, supondría 109 millones de euros anuales y abogó por una revisión a fondo del tramo autonómico del IRPF para suprimir algunas de las bonificaciones introducidas.

El líder socialista reclamó a Fabra el cese del consejero de Sanidad, Luis Rosado, y de la secretaria autonómica, Manuela García, y se preguntó: "¿Si sobran camas, por qué hay listas de espera?". "Hay listas de espera", se respondió, "porque faltan 200 euros de inversión pública sanitaria por habitante y hay listas de espera porque no sobra ninguna cama".

La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que exigió al presidente del Consell un cambio de política sanitaria y también de sus responsables, describió de manera gráfica la situación: "A pesar de que el número de camas no es el indicador más relevante para medir la solidez de un sistema de salud, hay que tener en cuenta que la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que tiene menos camas por mil habitantes en España, que a su vez es el país de la Unión Europea que tiene menos camas. En estas circunstancias, no se justifica una disminución del número de camas que, sobre todo, va a presionar sobre las listas de espera, la atención sanitaria y posiblemente una derivación de pacientes de los departamentos donde se han cerrado camas hacia los departamentos vecinos, gestionados por las concesiones administrativas, de gestión privada, con el consiguiente flujo de dinero hacia ellos".