El vaivén del 'grial'
La Audiencia Nacional devuelve a Valencia el caso en que está implicado Paquillo
El destino de todas las operaciones de la Guardia Civil contra el dopaje, una vez cumplida su fase más vistosa -la de la explosión mediática: la revelación de las actividades prohibidas de algunos de los deportistas más conocidos, y de sus técnicos y médicos-, parece ser la condena al olvido en alguno de los laberínticos pasillos de la justicia.
De la Operación Puerto, pasados cinco años y medio, aún no se sabe cuándo y si se celebrará el juicio oral; de la Operación Galgo, que dentro de dos meses celebrará su primer aniversario, solo se sabe que tras romper con la UCO de la Guardia Civil a la que tanto alentó en un principio -y a la que acaba de acusar de irregularidades en la custodia de las pruebas-, la juez ha decidido entregar lo que queda de investigación al grupo de Consumo de la Unidad de delincuencia especializada y violenta de la Policía Nacional. Así lo adelantó el miércoles ABC y así lo confirman ayer fuentes oficiales. Su primer acto será enviar a analizar una ampolla de AMTH-2 hallada en poder de César Pérez, el entrenador de Marta Domínguez.
El procedimiento abreviado de otra operación, la Grial, que en noviembre de 2009 desarticuló la presunta trama de Walter Virú y familia dedicada al suministro de doping a deportistas, entre otros a Paquillo Fernández, ha vivido su particular vaivén orgánico. En marzo pasado, el juzgado 14 de Valencia, el que inició la investigación, se inhibió de la causa y se la envió a Madrid a la Audiencia Nacional, entendiendo que le competía pues la actividad del grupo de Viru producía efectos en lugares pertenecientes a diferentes Audiencias. El juzgado central de instrucción seis, sin embargo, rechazó su competenciay se lo devolvió en septiembre a Valencia, donde se encuentra.
Aparte de argumentar el viaje de ida y vuelta -la trama se radicaba solo en Valencia, los deportistas de otras provincias, implicados porque se hallaron sustancias prohibidas en sus casas, no eran distribuidores-, el auto del juez Eloy Velasco aclara el papel de Paquillo Fernández.
El marchador de Guadix logró que la sanción estándar de dos años se quedara en la mitad, ya cumplida, al confesar su pecado y, supuestamente, colaborar con la investigación. Si bien admitió la tenencia de EPO y otras sustancias, precisó que nunca había consumido. Así logró que no se pusieran en peligro sus medallas pasadas. Sin embargo, el juez Velasco indica que de lo instruido, de sus declaraciones y de las escuchas telefónicas se desprende que Paquillo es un consumidor. "Se encuentra sometido voluntariamente a los tratamientos médicos del principal imputado, el doctor Virú, el cual le explica las dosis y forma de administrárselos", prosigue el juez.
Exceptuando Paquillo, por su confesión bonificada, ningún otro deportista implicado en una operación policial ha sido sancionado por las autoridades deportivas españolas, que, alegan, no han recibido de ningún juez ningún elemento de la investigación que permitiría expedientarlos.
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