De la centralidad financiera al caos

"Resulta imposible facilitar la documentación solicitada". Los diputados de la Coalició Compromís Enric Morera y Mònica Oltra recibieron idéntica respuesta del Consell hace 10 días a sendas solicitudes de documentos, una sobre las operaciones de las cajas de ahorro formalizadas por altos cargos y personas vinculadas a las entidades y autorizadas o comunicadas al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), y otra sobre operaciones de crédito de la Caja Mediterráneo (CAM) autorizadas por el IVF de 2007 a 2011.

En ambos casos el Consell alegó el carácter reservado de los datos. Un poco más de suerte tuvo Oltra con la pregunta de cuántos créditos autorizó el Consell a interés cero. La respuesta fue que no ha autorizado ninguno, lo que "no impide que se hayan podido autorizar otras operaciones de garantía o de servicios que, por su naturaleza, no tienen tipos de interés explícitos sino comisiones, como líneas de aval o de gestión de recibos domiciliados".

La oposición presiona para crear una comisión de investigación

El consejero Verdeguer repite que ha solicitado comparecer

El escándalo de la CAM, intervenida por el Banco de España, en proceso de subasta y con su exdirectora general, María Dolores Amorós, sometida a investigación de la Fiscalía Anticorrupción, sitúa al Gobierno valenciano en una posición cada vez más incómoda. Tanto que, en unos meses, el discurso del Consell y del PP que ahora lidera Alberto Fabra se ha deteriorado hasta disolverse en excusas.

Si en enero, ante la Diputación Permanente de las Cortes, donde se convalidaba el decreto ley que adaptaría la normativa de las cajas al nuevo escenario, el entonces consejero de Economía, Gerardo Camps, hablaba de un "proceso de reestructuración" y el diputado Ricardo Costa aseguraba que las fusiones previstas de Bancaja y la CAM con otras cajas iban a crear "una centralidad de la Comunidad Valenciana como plaza financiera española", ahora es difícil obtener una declaración de los dirigentes del PP que no consista en criticar al Banco de España por no haber ejercido su responsabilidad en el control de las entidades de ahorro y en recordar el compromiso de Mariano Rajoy de reforzar sus funciones. Con ese argumentario cumplió el martes el portavoz adjunto de los populares en las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda.

En el Parlamento se debatirá la semana que viene si se abre una investigación sobre la CAM y el PP, de momento, no ha dicho que sí, ni tampoco que no. La propuesta es de Esquerra Unida y cuenta con el apoyo de los socialistas. Desde que en aquella Diputación Permanente del mes de enero la diputada socialista Cristina Moreno asegurara que el proceso iniciado certificaba "la defunción de las cajas valencianas", los hechos se han acelerado y ahora mismo la oposición no deja de pedir cuentas al Consell por lo sucedido. El mismo martes, el diputado socialista Francisco Toledo aseguraba que "es necesario que se investigue el saqueo que se ha producido en la caja alicantina" y emplazaba a Alberto Fabra a dar luz verde a la comisión de investigación porque los valencianos tienen derecho a conocer "qué actuaciones llevó a término el IVF, en calidad de supervisor de las entidades financieras, quién autorizó los créditos en condiciones ventajosas a los consejeros de la caja, mientras se negaba el crédito a familias que no podían pagar sus hipotecas, o si sabía el Consell que Modesto Crespo, el presidente de la CAM, cobraba 6.000 euros al mes como consejero por asistir a unas reuniones que nunca se produjeron".

El apuro de los populares y el vuelco en su discurso son más llamativos cuanto más se remonta la consulta de la hemeroteca. Si en 1997, con Eduardo Zaplana en la presidencia y el después presidente de Bancaja, José Luis Olivas, como consejero, el PP reformó la ley para aumentar el control político de las entidades y dar entrada en sus órganos a dirigentes designados por el partido mayoritario en la Generalitat, años después, Francisco Camps utilizaría la ley para marginar a la oposición de la dirección de las cajas valencianas, en el prólogo de la catástrofe en que han naufragado con suerte diversa. Así, Bancaja podía comunicar a sus clientes hace unos días que desde el 23 de mayo forma parte de Bankia, la entidad liderada por Rodrigo Rato, pero la CAM, que costará varios miles de millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), está en venta.

El nuevo consejero de Economía, Enrique Verdeguer, que ha dicho en público que solo se hace responsable de lo que ha hecho su departamento con la CAM desde que llegó al cargo, en julio, ha reiterado que tiene solicitado comparecer para hablar del asunto. Sin embargo, la socialista Cristina Moreno dijo el martes que la oposición aún no tiene constancia de tal petición, lo que augura que puede demorarse. Qué lejos queda aquel mes de noviembre de 2009 en que Francisco Camps fijó solemnemente un plazo de un año y medio para cerrar la fusión de la CAM y Bancaja. Dos años después, no hay cajas ni discurso.