Bombardeo junto al jardín

Don Jaime hace una pausa en su paseo matutino y se sienta en la parada de autobús de A Armada, en Salcedo. Lleva más de 60 años residiendo en esta parroquia pontevedresa, pero en la voz conserva un claro acento salmantino. Tantos años le han curado de sobresaltos, y la actividad de los soldados del cuartel de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (Brilat), con sus barracones en lo más alto del monte de San Martín, hace ya tiempo que no le inquieta. Así que cuando los militares sueltan bombazos durante sus maniobras, abre las ventanas de casa para evitar que las vibraciones las resquebrajen y sigue a lo suyo.

Ayer estaba contento. "Lo oí en la radio, ¡cómo no nos vamos a alegrar!", exclama. La noticia de que un juzgado pontevedrés ha dado la razón a los vecinos en el litigio con el Ministerio de Defensa por la titularidad de los terrenos en que está erigido el cuartel ha sido recibida en el lugar con alivio, y también con una dosis de orgullo. Aparte de él, no había nadie ayer a mediodía paseando por las empinadas pistas asfaltadas de A Armada, que junto a Birrete fueron los dos núcleos de población más afectados por la ampliación de la franja de seguridad del cuartel, que sus responsables acometieron sin aviso previo en 2008. Más de 60 viviendas, levantadas a lo largo de los años junto a las fincas por toda la ladera del monte, se vieron afectadas por la decisión, que de un plumazo sometió al área a un régimen urbanístico y de usos no muy diferente al que rige en un parque nacional, con los vecinos obligados a pedir permiso para cambiar un portón, sacar a pastar a las ovejas o ir a por leña.

Más de 60 casas se vieron afectadas por nueva franja de seguridad

Lola, de 63 años, creció con la vista del cuartel a menos de 200 metros monte arriba. Para ella, como para muchos de sus paisanos, los carteles de prohibido el paso siempre tuvieron una importancia relativa, acostumbrados como estaban militares y vecinos a la presencia mutua tras décadas de convivencia pacífica. "En el día de jura de bandera se podía subir a ver el desfile y quedarse a comer allí", rememora. Otra comenta la impresión que le causó la recreación de una aldea afgana en el recinto.

La actividad en el cuartel se incrementó cuando pasó a ocuparlo la Brilat, en los años ochenta, pero los choques con los soldados no empezaron a volverse comunes hasta que se amplió la franja de seguridad o la "zona roja", como la llama Juan, el marido de Lola, que recuerda divertido algún incidente con los militares. Una noche que sacó a pasear el perro por el monte dos soldados le cortaron el paso y le mandaron volverse por donde había llegado. Él se negó. Los militares le dejaron un rato pero en seguida volvieron. "Mandaron cuatro o cinco land rover, y yo estuve escondido cuatro horas", ríe. Lola interrumpe: "Se acojonó un poco, yo me habría quedado y que me llevasen al cuartel".

La satisfacción por la sentencia se le nota en la cara. "Ahora ya hace unos meses que no hacen ruido, pero me acuerdo que tenían por aquí el campo de tiro y se les veía tumbados en el suelo. El teniente coronel decía que el campo ya estaba levantado allí y no lo iban a mover de sitio", recuerda. Ambos rememoran también un incidente algo más oscuro, con un caballo que apareció muerto a balazos y un arreglo económico extraoficial tras las protestas.

Unas casas más abajo, una vecina abre la puerta y sale al porche. "El teniente coronel ya sabía que iban a perder el juicio", revela, encantada de la atención mediática. La mayoría de los vecinos consultados coinciden en que la actitud de los militares mejoró mucho en los últimos tiempos. Alguno lo atribuye al proceso judicial y las altas probabilidades de una sentencia favorable a los comuneros, como la que finalmente ha emitido el juzgado pontevedrés.

Sobre lo que nadie se atreve a especular es sobre la posibilidad de que el ministerio decida expropiar parte de los terrenos y compense económicamente a la comunidad de montes, una posibilidad que se aleja tras el anuncio de que el Estado recurrirá la sentencia. Falta por conocerse, además, el fallo de un segundo juicio que afecta a una parte menor de los terrenos, reclamados por la comunidad de montes de Postemirón, en Vilaboa, en la cara sur del monte.