Dos imputadas en el caso de los ERE fraudulentos alegan ser "víctimas"

"Si llego a saber que era algo turbio, no lo hubiera hecho". La supuesta intrusa en el caso de los ERE Carmen Fontela declaró ayer como imputada ante la juez para alegar que se sentía una "víctima" y que desconocía el origen de los 155.605 euros ingresados en una cuenta a su nombre y que procedían de la Consejería de Empleo. Fontela percibió esa suma de dinero público como prejubilada del restaurante Río Grande, donde nunca trabajó.

La magistrada Mercedes Alaya le acusa de obtención indebida de ayudas de las Administraciones Públicas, malversación y prevaricación (en una figura especial denominada "extraña" para los que no son funcionarios). "Suscribió como beneficiaria, con evidente ánimo de lucro aunque fuera para un tercero, una póliza de rentas", destaca la juez.

Fontela alegó que el comercial de la consultora Vitalia Francisco González, vecino suyo, le pidió un favor "de un dinero que le debían", y ella se prestó a mediar para que lo lograra. "No le pregunté nada porque estimaba que Paco no me iba a hacer daño y no me iba a engañar", insistió la mujer, que fue peluquera y no tiene ningún vínculo con el restaurante que tramitó el ERE en 2005 para 12 trabajadores. La acusada reconoció haber percibido unos 1.500 euros, porque casi toda la suma defraudada se la repartieron González y el intermediario Juan Lanzas, ambos imputados en la causa.

Asimismo la dueña del restaurante Río Grande, Carmen García, alegó que se sentía "perjudicada y víctima" a pesar de que la Junta abonó los 1,5 millones que costó el ERE de su empresa. García está imputada de obtención indebida de ayudas de las Administraciones Públicas, malversación y prevaricación (como "extraña", al igual que Fontela).

La gerente del restaurante alegó que no pidió ningún documento que plasmara el compromiso de la Administración autonómica para el pago de la ayuda porque le informaron de que se lo enviarían posteriormente. La juez acusa a García de contratar a una mujer de 64 años con la finalidad de incluirla "fraudulentamente en el grupo de trabajadores afectados por el ERE". Alaya afirmó que su historia es "difícil de creer" porque alega que confundió a la consultora Vitalia con una empresa mediadora de la Junta y que ni González ni Lanzas acreditaron su procedencia.