Educación ve imposible el acuerdo con los sindicatos

El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, se cierra en banda a abrir una vía de diálogo con los profesores a los que la Xunta ha aumentado la jornada laboral cuatro horas semanales a partir de este curso. Todos los sindicatos educativos han convocado una manifestación en Santiago el día 9 de septiembre y huelgas el 21 y el 27, además de un paro de media hora el 20.

Vázquez afirma que, llegado este momento, se han agotado las vías de negociación. Asegura que fue la consellería la que encabezó la iniciativa para resolver el conflicto, pero los sindicatos se negaron a dialogar, oferta que, según él, reiteró cuando los representantes de la mesa sectorial se encerraron en la consellería. Respeta la convocatoria de huelga, aunque mantiene que ya no hay posibilidad de acuerdo y alude a la "responsabilidad" del cuerpo de docentes.

PSdeG y BNG también critican con especial dureza la política educativa de la Xunta. Los portavoces de Educación de estos grupos parlamentarios denunciaron ayer los recortes de profesorado que la consellería está realizando en el sistema de enseñanza público, y acusaron a Educación de favorecer a los centros privados frente a los públicos. El socialista Guillermo Meijón y la nacionalista Carme Adán auguraron un inicio de curso "problemático" con estas medidas que, según ellos, atentan contra el sistema educativo público.

Apoyo a la privada

Meijón citó fuentes de la propia consellería y adelantó que se van a reducir entre "200 y 300 plazas en la ESO", además del cierre de 14 centros llevado a cabo sin tener en cuenta la evolución de la natalidad del municipio. A lo que hay que añadir la supresión de "más de 200 plazas de profesores". Estos recortes contrastan con "el aumento de los conciertos con los centros privados". También acusó a la consellería de hacer un "uso poco eficiente" de los recursos públicos, ya que en Educación Primaria, el plan Abalar se implantó en un 18,29% de los centros públicos frente a un 45,55% de los privados. Lo mismo ocurre con el plan Rede Plurilingüe, que se realizó en casi un 6% de los centros públicos ante un 26% de privados, según el PSdeG.

En relación a la orden de la Xunta que obliga a expulsar a los menores que se retrasen en el pago del comedor escolar, ambos concidieron en que la obtención de ayudas, basada en la última declaración de la renta, no es adecuada ya que la situación económica de las familias "puede cambiar en cualquier momento".