Toxo y Méndez ofrecen más años de moderación salarial

Los secretarios generales de los dos mayores sindicatos españoles enviaron ayer una carta al presidente del Gobierno para emplazarle a tomar medidas que repartan más equitativamente los esfuerzos entre la población ante la gravedad de la crisis económica. El líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Cándido Méndez, ofrecen en su misiva a José Luis Rodríguez Zapatero -cuyo Gobierno aprobará hoy medidas adicionales de control del déficit público- mantener "una senda de moderación" en los salarios para contribuir a contener los precios. Pero consideran que ese esfuerzo de los asalariados "será baldío y contraproducente, si no está acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español".

UGT y CC OO escriben a Zapatero un día antes de aprobar las medidas

Los dirigentes piden que se eleven los impuestos para las rentas más altas

Los líderes sindicales muestran su disposición a ampliar el periodo de vigencia del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en febrero del año pasado y que fijaba una moderación salarial para los años 2010, 2011 y 2012.

Toxo y Méndez condicionan esa extensión del acuerdo, "como elemento previo", al desbloqueo de la negociación colectiva, ya que el retraso en la firma de los convenios "está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores". Los sindicatos recuerdan que la tasa interanual de aumento del IPC "está por encima del 3%, mientras el incremento salarial revisado se sitúa en el 2,2% y en el 1,6% en los convenios nuevos, lo que dificulta la recuperación de la demanda interna y por ende la reactivación económica a través de la todavía lejana recuperación de la demanda interna".

Añaden que el Gobierno debe cumplir también con el acuerdo suscrito por el Gobierno con los empleados públicos, que han visto mermado su salario un 5% de media el pasado año.

Alegan los líderes de CC OO y UGT que para proteger a las rentas más bajas del alza de los precios sería deseable incluso "una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo" en relación con la energía, el transporte público y los alimentos.

Los secretarios generales de las centrales asumen la necesidad de "acometer reformas para mejorar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de gastos superfluos y la reducción de duplicidades entre Administraciones", pero reiteran la necesidad de incrementar los ingresos del Estado en el proceso de saneamiento de las cuentas públicas: lucha contra el fraude, pero también incremento de la presión fiscal de los que más tienen.

Toxo y Méndez citan entre las medidas tributarias que proponen la implantación de los anteriores tipos de gravamen en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, modificaciones en el sistema de estimación objetiva de las rentas de actividades económicas dentro del IRPF, implantación de una tarifa progresiva entre 15% y 25% de la tributación de los rendimientos del ahorro y plusvalías en el IRPF e, igualación del tipo de gravamen efectivo y ordinario en el impuesto de sociedades mediante eliminación de las deducciones fiscales.

Respecto a la creación de empleo, los líderes sindicales alertan de que el contrato a tiempo parcial no debe ser el principal mecanismo de acceso al mercado laboral para los jóvenes, como está sucediendo.

La carta de los sindicatos llega la víspera de que el Consejo de Ministros extraordinario de hoy apruebe, según ha anunciado el Gobierno, diversas medidas para lograr 20.000 millones entre ahorros y mayores ingresos, hasta final de año. Entre ellas, el adelanto del cobro del impuesto de sociedades para las grandes empresas (que reportaría unos 2.500 millones) y un ahorro en el gasto farmacéutico. Además, el Ejecutivo tiene previsto aprobar la semana próxima una nueva modificación de los contratos temporales, el adelantamiento a septiembre de la regla de gasto que debe pactar con las comunidades autónomas y la prórroga por seis meses de los 400 euros que reciben los parados que ya han agotado su prestación.