Feijóo recorta 130 millones más pero promete salvar el gasto social

Tarde o temprano iba a pasar porque el Gobierno central ya había advertido el pasado otoño a las autonomías afectadas que no transferiría el dinero del fondo de cooperación este año sino que el pago se pospone hasta 2013. La Xunta presupuestó igual los 243 millones de euros que corresponden a Galicia cuando tuvo que cuadrar sus cuentas, en octubre de 2010, y ahora debe recortar esa partida. El anuncio lo hizo ayer el presidente, Alberto Núñez Feijóo, en medio de otro rosario de reproches al Gobierno de Zapatero.

Tras la reunión semanal de su gabinete, en tono solemne afirmó que pese "al engaño" de los socialistas, "Galicia no será un problema para la nación española". Que es tanto como decir que "no incurrirá en más déficit, ni dejará facturas sin pagar". El remedio que explicó el presidente pasa por recortar el gasto en 130 millones de euros (103 en otro tijeretazo al Presupuesto y 25,5 millones que saldrían de mayores ingresos o de dejar capítulos sin ejecutar) y emitir deuda por 114 millones. La Xunta se acoge así al recurso que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, había puesto a disposición de las autonomías para que pudieran endeudarse por el importe de los fondos que debe transferirles el Estado, sin que compute cómo déficit.

"Galicia cumplirá y no será un problema para la nación española"

El Presupuesto perdió este año 1.307 millones respecto a 2010

Así las cosas, el Gobierno autónomo deberá apañárselas con 9.678 millones, 1.307 menos que en el ejercicio anterior. Las distintas consellerías tienen solo unas semanas de margen para cuadrar sus números, porque el 1 de septiembre los recortes deben estar listos, según exige el departamento de Facenda que preside Marta Fernández Curras.

El presidente hizo ver que el mandato para mantener el gasto social y evitar que el nuevo ajuste salpique a los servicios fundamentales sigue vigente, pero ni eso impedirá que consellerías como la de Educación y la de Sanidad tengan que retocar su presupuesto. En estas dos carteras se reducirá como mucho un 0,5%, según el compromiso explicitado por Feijóo. Una caída porcentual que está muy por debajo de la reducción global que supone sobre el Presupuesto (1,33%) este último ajuste.

La peor parte volverá a llevársela el titular de infraestructuras, Agustín Hernández, porque ese capítulo es el que más se pretende recortar , según la tesis que ayer defendió el presidente, quien sin embargo eludió hablar de lo que puede significar esa caída.

Y eso que el propio Hernández defendió, el pasado junio, en un foro de la construcción, la necesidad de revisar "sin apriorismos" todos los capítulos presupuestarios para primar las obras porque "el primer gasto social es el productivo". Las prioridades de esta Xunta son exactamente las contrarias, según se encarga de defender cada mañana su jefe de filas. Ayer Feijóo volvió a hacerlo cuando dijo que esta Xunta "seguirá blindando los servicios públicos esenciales" y que dará instrucciones a sus compañeros de Gobierno en esa línea para que afronten las "restricciones de crédito".

La rueda de prensa dio también para que Feijóo ratificase su intención de acudir al Tribunal Constitucional para denunciar que el Gobierno central incumple el sistema de financiación, por más que el Ejecutivo de Zapatero tenga los días contados, después de anunciar el adelanto electoral.

Preguntado por si piensa abandonar la vía judicial a la espera de que hablen las urnas, subrayó que "el recurso de inconstitucionalidad se va a interponer sin ninguna duda y la Xunta seguirá pleiteando hasta que el Constitucional hable". Casi a la misma hora en que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, reclamaba que se anticipasen todavía más los comicios en España, Feijóo ironizó sobre si "sería mucho adelantar".

Entre las medidas aprobadas por la Xunta ayer, están los estatutos de la Axencia de Infraestruturas, que fusionará la Dirección Xeral de Infraestruturas, la Sociedad Pública de Inversión y el organismo Aceousa, que gestiona la autopista entre Santiago y Ourense. La nueva entidad, ahorrará, según cálculos del Gobierno, 1,5 millones a lo largo de la legislatura en trámites burocráticos y empezará a operar el año próximo.