Los olivareros suman la cuarta campaña de pérdidas

A poco más de dos meses para el final de la actual campaña de comercialización, y cuando ya se ha vendido casi tres cuartas partes de la cosecha del último año, los olivareros ya saben que, por cuarto año consecutivo, no le van a salir las cuentas. Ha sido la organización agraria COAG quien ha cifrado en 600 millones de euros las pérdidas en lo que va de campaña, lo que hace un total de 2.500 millones en el último cuatrienio. El motivo no es otro que las bajas cotizaciones, pues el aceite de oliva virgen extra -el de mayor calidad- se ha vendido a una media de apenas dos euros el kilo, aunque en las últimas semanas su precio ha caído hasta 1,82.

Jaén, Córdoba y Granada, las tres principales provincias productoras, son las que acumulan mayores pérdidas: 200 millones en la primera, la mitad en la segunda y unos 60 millones en la tercera.

La mejor noticia para el sector oleícola está siendo el repunte de las exportaciones, que han crecido un 10% con respecto a la campaña anterior. Las existencias de aceite en las almazaras son de un 19% superior a la media y el mercado interior ha aumentado un 2% con respecto a la campaña pasada. Todo ello muestra, según la organización agraria, que el mercado del aceite de oliva "se ve sometido a las presiones de las industrias y las grandes cadenas que controlan la mayoría de las operaciones comerciales llegando a subvertir la ley de la oferta y la demanda".

Rafael Civantos, responsable del grupo del aceite de COAG, denunció las "malas prácticas que vienen realizando las grandes industrias tales como la venta a pérdidas o la alteración de la norma de calidad mediante un sistema de etiquetado que no corresponde al producto que marca y que por tanto confunde al consumidor".

Esta organización agraria insiste en su petición de activación urgente del almacenamiento privado. Sin embargo, esta reivindicación ha sido sistemáticamente rechazada por Bruselas. Ante el no reiterado de la UE, la Consejería de Agricultura ha optado por abrir una línea de créditos a las almazaras para que no se vean obligadas a malvender el aceite, una iniciativa que, en la práctica, funcionará de manera similar al almacenamiento privado comunitario.