Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La recolocación de personal de libre designación desplaza a los interinos

Los sindicatos reclaman a José Manuel Vela los criterios de recolocación y la relación de puestos de trabajo amortizados en las consejerías

La última remodelación del Consell impulsada por el ahora expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que redujo el número de consejerías a diez, ha supuesto la reubicación del personal de numerosos departamentos. Y muchos funcionarios de carrera, que ocupaban puestos de asesores, eran jefes de servicio o jefes de área están desplazando, de una forma irregular, a interinos, que son despedidos. Los sindicatos han denunciado en las últimas semanas estos movimientos de personal, que se producen sin que se hayan aprobado los reglamentos orgánicos de las consejerías y sin que se les haya facilitado, tal y como ordena el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), los criterios de recolocación o la relación de los puestos de trabajo amortizados.

"Al funcionario de carrera hay que recolocarlo", afirma Fernández, de UGT

Los sindicatos no saben desde mayo los cambios en las plazas públicas

El Consell anunció el viernes que amortizará 704 puestos de trabajo

En las distintas consejerías trabajan 17.000 funcionarios; hay 1.000 vacantes

Con la reducción de 13 a 10 consejerías, Camps se propuso tener un equipo con 101 altos cargos entre secretarios autonómicos, directores generales, subsecretarios y responsables orgánicos públicos, solo 20 menos que el anterior Consell. A priori, Alberto Fabra no cambiará este modelo de organización del Consell. Parece que por lo menos hasta después de las elecciones generales del 20-N. Y para conseguir la reducción prometida del 30% de su organigrama, que conlleva un ahorro de 14 millones de euros, el Consell necesitaba perder 210 puestos intermedios (jefes de sección y similares) y tres docenas de asesores.

Pero a gran parte de las personas afectadas, que con el abandono de esos puestos de responsabilidad solo perderán algunos complementos salariales por el camino, se les está buscando ya acomodo en la Administración, por lo que los perjudicados son otros funcionarios, más débiles, según los sindicatos. Desde Intersindical Valenciana, Alfonso Puncel indica que el goteo de despidos ha sido incesante durante las últimas semanas, y aunque solo conocen los de personas que se lo han comunicado directamente al sindicato, calcula que ya se ha producido el cese de un centenar de interinos.

Según Intersindical, en la función pública del Consell, es decir, el apartado de trabajadores de las distintas consejerías, excluidos los que trabaja para Sanidad, Educación y Justicia, hay unos 17.000 puestos de trabajo, de los que en la actualidad hay unas 1.000 vacantes. Y denuncia que la intención del Consell es ahorrar un 15% en gastos de personal (entre 170 y 175 millones de euros), con una reducción similar de empleos, mediante la amortización de esos puestos vacantes y el despido de interinos, que calculan que entre 200 y 300. De momento, el plan que presentó el Consell el viernes prevé una amortización de 704 plazas de funcionarios, que o bien están vacantes o bien ocupadas por trabajadores susceptibles de jubilación.

Por ahora, lo que han detectado los sindicatos es que se ha producido un movimiento irregular de funcionarios que ocupaban cargos. "Algunos funcionarios de libre designación que han sido cesados disponen de listas facilitadas por la propia consejería responsable con determinados puestos ocupados por interinos de mayor nivel para que puedan optar a dichos puestos de forma preferente, mientras otros posibles funcionarios de carrera, a los que aún no se les ha comunicado su cese pero se lo esperan, no disponen de esa lista que les permitiría optar en igualdad de condiciones a dichos puestos, con lo que los privilegiados que disponen de estas listas pueden recolocarse en mejores condiciones", denuncia Puncel, que critica además la perversidad de un sistema que hace que "mientras se cesan interinos se sigue contratando a otros".

Así lo denuncian en el caso de los interinos contratados por el procedimiento de urgencia, que ocupan puestos de "asesores encubiertos" que podrían perfectamente haberse ofertado a los funcionarios recolocados.

Desde UGT, Gonzalo Fernández argumenta que los ahora defenestrados tienen derecho a incorporarse a un puesto de trabajo aunque tengan que desplazar a interinos. "Al funcionario de carrera hay que recolocarlo". A este sindicato le constan menos despidos, alrededor de unos 40. Pero Fernández critica "la falta de transparencia" del Gobierno autonómico, que según el EBEP está obligado a informar de estos movimientos a los sindicatos.

Y por ello Intersindical, UGT, CC OO y CSIF remitieron hace diez días al consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, una carta para exigirle que se constituya y se convoque con urgencia la Mesa Sectorial de la Función Pública. En su carta critican el cese de personal sin que se hayan publicado los reglamentos de ordenación del funcionamiento (ROF) de las consejerías, que no dispongan de información sobre los criterios de recolocación y que carecen desde el pasado 22 de mayo de los puestos de trabajo amortizados o creados, de las comisiones de servicio concedidas, de los cesados que ocupaban puestos de libre designación y de los cesados por amortización de su puesto de trabajo.

Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública no han facilitado cifras sobre los cambios de personal de las consejerías. En cuanto a los cambios previstos en el futuro para ahorrar costes en la Administración, solo apuntan que cuando se anuncien, en fecha aún por definir pero presumiblemente antes de otoño, se facilitarán puntualmente todos los datos desglosados por consejería y departamento.

Y mientras llegan las reformas de gran calado anunciadas por Camps pero que ahora deberá llevar a cabo su sucesor, Alberto Fabra, las medidas que toma el Consell aparecen como pequeños parches de alivio. Entre ellas se sitúa la reciente decisión de retrasar el pago de las nóminas al personal de la Generalitat. En una orden reciente, fechada el 29 de junio pasado, dada por escrito por el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, José Miguel Escrig, se establecía que "con el fin de ajustar los flujos de los gastos e ingresos de la Generalitat y así garantizar la liquidez del sistema, se comunica que, a partir del mes de junio, el pago de la nómina del personal dependiente de la Generalitat se efectuará el último día hábil de cada mes".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de agosto de 2011