Un juzgado investiga las deudas a centros de discapacitados

Un juzgado de Sevilla investiga a varios altos cargos de la Consejería de Empleo por un supuesto delito de apropiación indebida, estafa y prevaricación en relación con las ayudas que han dejado de cobrar los centros especiales de empleo. El Juzgado de Instrucción 3 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada por el responsable de una de las empresas, socio de Aceca, una asociación que reúne a 135 de estos centros.

La querella se ha dirigido contra el anterior director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo de la Junta, Andrés Sánchez; su jefe de servicio Alfredo Bolaños; la ex directora general de Fomento del Empleo e Igualdad, María Dolores Luna; contra los anteriores y actuales delegados provinciales de Empleo de Jaén y Granada y el actual de Málaga, y sus respectivos jefes de servicio.

Una empresa denuncia a cargos de Empleo por estafa y apropiación

Los jueces investigan supuestas irregularidades en las ayudas de fondos europeos, recibidos por la Junta en las distintas delegaciones provinciales, "vinculados a la contratación de personas con discapacidad". En el caso del centro querellante, las ayudas que se adeudan ascienden a 338.392,94 euros, que, según el relato de hechos que recoge la querella, "habrían sido recibidas" por la Junta y "no entregadas sin causa justificada" a la empresa destinataria, "comprometiendo de esta forma seriamente su viabilidad".

Según los cálculos de Aceca, Empleo debe a 57 centros al menos 14 millones de euros de incentivos por la contratación de discapacitados, aunque la asociación cree que la cifra es mucho más elevada y está a la espera de que los socios detallen los importes. Varios centros han mostrado ya su intención de llevar también al juez su caso y solicitar que se acumule a la querella ya admitida a trámite.