238 municipios no informan de sus construcciones ilegales a la fiscalía

Las fiscalías de Valencia y Castellón denuncian la falta de "disciplina urbanística" de los Ayuntamientos por no informar de las construcciones ilegales en sus territorios. Una dejadez que ha llevado al fiscal especializado en Medio Ambiente de Valencia a tildar de "inaceptable" el hecho de que haya 238 municipios que no han realizado "ninguna comunicación", tal y como recoge la memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo publicada recientemente. La situación no mejora en Castellón, aunque la especialista de la sección ha trasladado el aumento de Consistorios que remiten expedientes. Estos se reducen a Betxí, L'Alcora y Burriana, junto a Segorbe y Borriol, que ya los remitían.

También en Valencia destacan que las entidades locales están empezando a dar respuesta a sus requerimientos de que informen sobre los posibles supuestos de construcciones ilegales, pero no es suficiente. El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín Baños, explica que hay dos casos. "Una cosa es que se requiera directamente información y que los Ayuntamientos no contesten, que son pocos, y otra es que incumplan la legalidad vigente y no pongan en conocimiento de la fiscalía o no adopten las medidas legales oportunas ante el conocimiento de cualquier construcción ilegal", explica. "Los Ayuntamientos tienen potestad de policía urbanística y si tienen conocimiento de construcciones ilegales es su obligación informar a la fiscalía", dice por su parte la especialista en Castellón, Dolores Ofrecio, quien remitió además sus quejas porque la Administración autonómica tampoco envía información.

Ante esta dejadez, el fiscal de Valencia ha lanzado un mensaje que, dice, es "un aviso a navegantes" y que ha quedado plasmado en la memoria de 2010. "Con los nuevos tipos de prevaricación urbanística omisiva introducidos en el Código Penal en la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, es intención de esta sección depurar las correspondientes responsabilidades penales derivadas de la inacción de los Ayuntamientos". Se trata de un nuevo mecanismo para perseguir estas actitudes.

Baños recuerda que en 2008 instaron a todos los Ayuntamientos a remitir un listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004. "Poco a poco van contestando", asegura. De hecho, el 90% de las diligencias abiertas por la propia fiscalía en 2010 corresponden a supuestos de ordenación del territorio a raíz de esta iniciativa. También se ha pasado de dos sentencias condenatorias en 2009 a 20 en 2010.