La Audiencia concluye que las actas de la Junta no son secretas

La Audiencia de Sevilla considera que las actas de los Consejos del Gobierno andaluz no son secretas. El tribunal da así la razón a la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, quien exigió la entrega de las actas al Ejecutivo autónomo, petición a la que este se negó al entender que son reservadas. La Audiencia rechaza el recurso que la Junta interpuso contra el auto de Alaya que exigía al Ejecutivo las 480 actas de los últimos Consejos de Gobierno desde 2001.

"Se comprueba que lo declarado por la ley reservado son los documentos, y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual ha de aparecer, según se desprende del artículo 30.3

La Audiencia estima que en las actas no hay documentos ni opiniones reservadas

[de la ley del Gobierno de Andalucía] en las actas, que son lo único reclamado por la instructora". De este modo argumenta la Audiencia sevillana en su sentencia que el contenido de las actas puede incorporarse a la instrucción porque carece de carácter secreto.

Alaya suspendió el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta a la espera de la decisión de la Audiencia. Ahora la magistrada tiene vía libre para enviar el caso al Tribunal de conflictos de jurisdicción del Supremo. La juez paralizó el conflicto de jurisdicción y no lo mandó al Supremo por "coherencia procesal", y para evitar "tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles o contradictorios", ya que existía el recurso ante la Audiencia.

Antes de decidir si enviaba el caso al Tribunal Supremo, la magistrada advirtió al Ejecutivo de que si no entregaba la documentación en 72 horas cometería un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Finalmente, la Junta entregó las actas para su custodia en sede judicial, después de que Alaya insinuara que el Gobierno podría alterarlas. Las actas quedaron guardadas en un armario de seguridad en los juzgados, sin que la juez pueda acceder a ellas hasta que el conflicto se resuelva. La demora no ha impedido a Mercedes Alaya avanzar en el resto de vías abiertas en la investigación.

Mientras, el enfrentamiento entre la Junta y la juez ha subido de temperatura con agrios escritos judiciales. Han transcurrido casi tres meses desde que la Junta solicitó a la juez que se inhibiera en favor del Tribunal Supremo hasta que la Audiencia se ha pronunciado.

Sin embargo, entretanto la Junta se dirigió hace un mes (el 23 de mayo) directamente al Tribunal Supremo para que intervenga en el asunto. El Gobierno andaluz decidió mover ficha y solicitó su intervención tras la decisión de Alaya de suspender el conflicto de jurisdicción. El Supremo ha atendido la petición de la Junta y ha designado (el día 7 de este mes) un ponente. El magistrado Octavio Juan Herrero ha requerido a la Junta y a la fiscalía que presenten sus alegaciones al litigio (14 de junio). La fiscalía ya se alineó con las tesis del Gobierno andaluz al entender que la juez invadía sus competencias.

En su providencia, el juez Herrero Pina recuerda, según establece la ley de conflictos, que ambas partes pueden alegar. La ley dice que el Supremo está facultado para declarar que "el conflicto fue planteado incorrectamente, en cuyo caso ordenará la reposición de las actuaciones al momento en que se produjo el defecto procedimental".

Fuentes del Gobierno andaluz consideran que ahora el magistrado debe instar a Alaya a enviarle de inmediato el conflicto planteado. El abogado de la Junta alegó que la juez debía remitir el caso al Supremo, y que "tan pronto como reciba oficio de inhibición, tendrá que suspender el procedimiento en lo que se refiera al asunto cuestionado, hasta la resolución del conflicto". "Se debe proseguir con la adecuada tramitación del conflicto, que se ha paralizado sin amparo legal alguno", argumentan desde el Ejecutivo.

A pesar del choque frontal, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, no quiso avivar la polémica el pasado martes y, tras la reunión del Consejo de Gobierno, llegó a afirmar que no existía enfrentamiento entre la Junta y la juez, ni siquiera a través de escritos judiciales.

Por otra parte, el delegado de la Consejería de Agricultura en Cádiz, Juan Antonio Blanco, anunció ayer que interpondrá una querella contra el presidente del Consejo Regulador del Brandy, Evaristo Babé, por injurias y calumnias. El dirigente vinícola dijo que Blanco le había avisado de que el PSOE falsearía documentación para implicarle en el caso de los ERE fraudulentos si seguía empecinado en pedir la dimisión del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, como presidente del consejo del vino de Jerez, informa Ana Huguet.