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Jara dice que la reforma de las cajas cuestiona la pervivencia del modelo

El presidente de CajaGranada afirma que la ley andaluza discrimina a su entidad

El trámite parlamentario de la reforma la ley andaluza de Cajas de Ahorro ofreció ayer dos sorpresas. De un lado, la no comparecencia de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorro y de Unicaja ante la comisión parlamentaria que lleva a cabo la reforma y a la que anunciaron enviarían sus consideraciones por escrito. La otra, la crítica intervención realizada por el presidente de CajaGranada, Antonio Jara, quien además de cuestionar el proceso de reforma general del sistema financiero, reclamó varias modificaciones del articulado andaluz, entre ellas la de la disposición transitoria que obliga "singularmente" a su entidad a cambiar sus órganos de gobierno por no estar inmersa en ningún proceso de fusión.

"Las cajas han hecho las cosas mal pero no más que otras entidades", dice

El director y secretario general de Cajasol, Lázaro Cepas, intervino también para valorar el texto de la reforma, y elogiar que se demorase hasta que la reforma nacional quedó consolidada.

Antonio Jara comenzó criticando el proceso de reestructuración "compulsivamente acelerado" llevado a cabo por el legislador nacional, al que responsabilizó de haber mantenido "un método y un ritmo" que no ha contribuido "al esfuerzo realizado por las entidades para adaptarse y recapitalizarse".

El presidente de CajaGranada criticó los cuatro decretos leyes aprobados por el Gobierno, de los que dijo han creado "un marco normativo insuficiente y poco sistemático" y agregó que constituyen "una profunda reforma del modelo de cajas de ahorro". "No cosmética o estética sino una profunda reforma del modelo fundacional de las cajas de ahorro, que implica riesgo para la permanencia del modelo".

Jara fue más allá al advertir a la comisión parlamentaria que la reforma nacional ha afectado "gravemente a la distribución de competencias con las que venían actuando las comunidades autónomas" en el sistema financiero.

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Tras esta crítica general, Jara se centró en desvelar la discriminación, - "singularidad", "excepcionalidad" y "claramente disfuncional", fueron sus calificativos- que supone la disposición transitoria segunda de la reforma de la ley andaluza de Cajas que le obliga a reformar sus órganos de gobierno en dos meses a partir de su aprobación, mientras que a Cajasol y Unicaja se les otorga un periodo transitorio mayor al estar en proceso de fusión con Caja Guadalajara y Caja Jaén, respectivamente. Jara reivindicó que se homologue el proceso de fusión al de creación de un SIP (Sistema Institucional de Protección) en el que si está inmerso CajaGranada.

Igualmente, el directivo granadino criticó que la ley consolide el principio de "silencio administrativo negativo", figura que dijo es "anticuada y obsoleta". "Es regresivo invocar esta figura que fue una conquista de la administración democrática", apostilló.

Por último, Jara reivindicó un mayor papel de los impositores en la norma y que la concesión de créditos a los administradores de las cajas necesite de la aprobación de la Comisión de Control y no de la de Retribuciones, que puede no existir, si como han decidido las tres cajas andaluzas se realiza un ejercicio indirecto de la actividad a través de un banco.

Jara finalizó reconociendo la responsabilidad de las cajas en la crisis, cuyo papel calificó de "poco edificante" y "censurable", pero dijo que están sufriendo "un acoso desproporcionado" en comparación "con otras entidades", en clara alusión a los bancos.

Claves de la reforma

- La Junta se reserva el control legal de la emisión de cuotas participativas de capital. Asimismo, deberá autorizar la entrada en SIP, o la transformación de las cajas en una fundación, su disolución o el traslado de su actividad a un banco. Las asambleas deberán aprobarlo por mayoría de tres quintos.

- No opera el silencio administrativo positivo.

- Las cajas foráneas que operen en el territorio andaluz, deberán revertir a través de su obra social el porcentaje correspondiente a los beneficios obtenidos de su actividad en Andalucía.

- Se traslada la reforma de los órganos de gobierno que recoge la LORCA y la incompatibilidad con el ejercicio de cargo público.

- La retribución máxima que pagará una caja será el sueldo del presidente de la Junta.

- Elimina los privilegios a la Iglesia católica de la ley y promueve la igualdad de género en las entidades.

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