La cultura democrática de Feijóo

No sé si el presidente de la Xunta es plenamente consciente de la gravedad de las palabras que pronunció la pasada semana utilizando el marco solemne del Parlamento de Galicia. En efecto, cuando el pleno de la Cámara discutía las consecuencias políticas de la detención de dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) acusados de graves delitos -puestos posteriormente en libertad con cargos por la juez encargada del caso-, y cuando los líderes de la oposición denunciaban la falta de ética del PP, el presidente Feijóo contestó desde la tribuna parlamentaria que él no necesita principios de ética ni supremacía moral, que le llega con los principios y la supremacía que le otorgan los gallegos con su voto.

La mayoría electoral no exonera a los vencedores de responsabilidad política o penal

Produce rubor, después de 33 años de vida democrática, tener que recordar que las elecciones no prefiguran por sí solas una democracia. La elección mediante el voto es desde tiempo inmemorial un método para seleccionar a los que deben ejercer el poder, como alternativa histórica a la sucesión hereditaria o a la conquista del poder por la fuerza. Las elecciones son, desde luego, una condición necesaria pero no suficiente de la democracia. Pero solo son instrumentos democráticos si, y solo si, se insertan en un sistema de Gobierno en el que existen frenos y contrapesos limitadores del poder; es decir, como recuerda Sartori, si existe un sistema constitucional de rule of law. Son desgraciadamente numerosos los casos, algunos de ellos de terrible recuerdo, en los que un partido que gana las elecciones no solo no prefigura una democracia, sino que la destruye si existía o impide que pueda instaurarse si tal posibilidad pudiera realizarse.

Por las palabras pronunciadas en el Parlamento, no parece que el presidente de la Xunta tenga clara la distinción entre mayoría absoluta y poder absoluto. Conviene, pues, recordarle a nuestro locuaz mandatario que la mayoría electoral, por muy amplia que sea, no otorga un poder ilimitado, no exonera a los vencedores de la responsabilidad política o penal que pudiera derivarse de supuestos actos delictivos, ni exime al Gobierno del cumplimiento escrupuloso de las normas con arreglo a las cuales resultó elegido. La mayoría electoral, que legitima para gobernar, no desposee a la oposición de sus derechos de control y crítica al Ejecutivo, no autoriza a realizar presiones a los tribunales para que éstos acomoden sus decisiones a las exigencias del guión político del Gobierno, ni puede limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a exponer su opinión respecto a la acción del Gobierno.

Dicho en otras palabras, el Ejecutivo no puede imponer su proyecto político, por muy amplio que sea su respaldo electoral, ignorando o violentando los procedimientos, instituciones y garantías contempladas en la Constitución y el Estatuto, que son la base de la división y equilibrio de poderes y del Estado de Derecho. Cuando Feijóo pretende ejercer un poder absoluto exhibiendo su mayoría electoral se distancia del proyecto constitucional, que los constituyentes diseñaron precisamente para que los centros de poder político y social estuvieran repartidos y equilibrados, estableciendo entre ellos el correspondiente y recíproco control.

Tampoco el talante del presidente de la Xunta estimula la cultura democrática. Un gobernante que tiende constantemente a sustituir el debate democrático por la deslegitimación del adversario y la descalificación política y moral del discrepante, no representa precisamente un ejemplo de lealtad constitucional. Conmigo o contra mí. Éste es el inequívoco e inquietante mensaje que el presidente Feijóo emite cotidianamente. Dudo que los ciudadanos deban soportar durante mucho tiempo a un personaje que basa su acción política en tan grosero principio. Sobre todo si la oposición es capaz de asumir por fin sus responsabilidades.