Una sentencia urge a Jerez a pagar 20 millones por una multa de 2001

La situación económica del Ayuntamiento de Jerez ha recibido un duro golpe desde el pasado. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordena al Consistorio jerezano a pagar una deuda contraída en 2001 por el exalcalde Pedro Pacheco de 20 millones de euros por la ampliación del circuito de velocidad. Además, una segunda resolución judicial decreta la salida a subasta en junio de un emblemático edificio municipal por impago.

La alcaldesa electa de Jerez, María José García Pelayo (PP), aseguró ayer en su primera comparecencia ante la prensa tras las elecciones que no cuenta con recursos económicos para afrontar los pagos fijados por estas sentencias. Según García Pelayo, de los 60 millones de euros de ingresos anuales de los impuestos municipales, el gobierno saliente ya ha consumido 57.

García Pelayo aseguró ayer que para afrontar los pagos más urgentes, pretende llegar al límite del nivel permitido de endeudamiento, y solicitará un crédito de 20 millones.El fallo de la sala de lo Contencioso del TSJA en Sevilla, recibido el pasado 24 de mayo, obliga al Consistorio a consignar en los próximos 17 días en el capítulo de gastos del actual presupuesto 20 millones de euros correspondientes a la deuda con la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por la remodelación integral del trazado de velocidad que encargó en 2001 Pedro Pacheco. García Pelayo pidió ayer al gobierno municipal saliente, presidido por la socialista Pilar Sánchez, que "tome medidas" ya que, si se ejecuta la resolución judicial: "Jerez se queda sin presupuesto". En este punto, la popular apostó por "un recurso de reposición para ganar tiempo" y anunció igualmente una reunión el próximo miércoles con la dirección de la constructora para tratar de acercar posturas y evitar el embargo de patrimonio municipal por valor de la cantidad fijada por los tribunales.

El recurso es también la opción que queda para intentar retrasar la salida a subasta del histórico edificio de la Fundación municipal Andrés de Ribera, en causa de disolución y embargada por una deuda superior al millón de euros.

Todas las vías de financiación del Consistorio -cuya deuda acumulada se calcula en 700 millones de euros- están taponadas. El Ayuntamiento de Jerez recibe en torno a 36 millones de euros anuales del Estado, pero esa cantidad está retenida al 100% por una deuda millonaria con la Seguridad Social. La financiación autonómica también está congelada este ejercicio después de que Pilar Sánchez ya solicitara hace meses un adelanto de 1,9 millones, el máximo permitido por ley.

La tercera vía es la de los impuestos y el balance también es desolador. Según los cálculos del PP, de la recaudación de los tributos locales solo quedan disponibles tres millones de euros hasta diciembre. Desde el PSOE reconocen la cuantía, aunque visten el desaguisado aclarando que los 57 millones que faltan no solo se corresponden a gastos sino que en los mismos también se incluyen los fondos comprometidos para el pago a proveedores, ya sea a concesionarias o a empresas por sentencia judicial.

Ante la situación de las arcas municipales, la receta inicial del PP pasa por un mayor endeudamiento. Según avanzó ayer García Pelayo, en 15 días desde la toma de posesión (prevista para el 11 de junio) estará realizada una auditoría base para la elaboración de un plan económico que debe contar con el beneplácito de la Junta de Andalucía y que servirá para solicitar, a finales de julio, dos créditos de 20 millones de euros en total que garanticen los pagos más urgentes.

Entre esas obligaciones de pago para el Consistorio, una preocupa sobre todas las demás tanto a gestores como a trabajadores: la nómina de la plantilla municipal. La dirigente popular ya gestiona la búsqueda de 7 millones de euros para cubrir el salario de junio y la paga extra. Mientras, la alcaldesa en funciones, Pilar Sánchez, trata estos días de obtener 4,5 millones para cumplir con el pago salarial de mayo.