22-M + 1 = a pagar

Las Administraciones públicas deben unos 35.000 millones de euros a las empresas, y los plazos de pago de las facturas superan ampliamente los 60 días que marca la Ley de Contratos del Estado. Las comunidades autónomas y los Ayuntamientos son peores pagadores que el Estado y están causando enormes perjuicios a las pequeñas y medianas empresas, que han visto además cómo se les ha cerrado el grifo de la financiación bancaria. Los equipos (nuevos o repetidores) que se hagan cargo de los Gobiernos autónomos y los Ayuntamientos españoles tras las elecciones del 22 de mayo deberían aplicarse a fondo para hacer frente a sus deudas. En caso contrario, seguiremos viendo cómo aumenta el número de pymes que reducen plantilla o incluso que echan el cierre. El problema es que ningún candidato ha mencionado en la campaña electoral este grave problema. Es como si existiera un pacto de no agresión entre los partidos mayoritarios, a sabiendas de que es un problema de difícil solución y que es mejor no enfrentarse por él.

No queda más remedio que buscar soluciones imaginativas para pagar las deudas lo antes posible

Ningún candidato ha hablado en la campaña de la deuda del sector público con las empresas

Hace dos semanas, en este mismo blog, comentábamos los problemas de financiación de las empresas en España por la falta de acceso al crédito. Los expertos de Economismo coincidieron en afirmar que el grifo seguirá cerrado otra temporada; por lo menos, hasta que concluya la reestructuración del sector financiero español. La encuesta trimestral del Consejo Superior de Cámaras mostraba que el 87% de las pymes continuaban sin acceso al crédito y que el 71% de los proveedores de las Administraciones públicas reconocían sufrir retrasos en el cobro.

El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, explicaba hace una semana que hay miles de empresas al borde de la quiebra por los 35.000 millones que adeuda la Administración. Especialmente, aquellas cuya facturación depende en más de un 70% de los servicios prestados al Estado, las CC AA y los Ayuntamientos. Esta plataforma agrupa a una treintena de instituciones sectoriales de toda España que representan a cerca de un millón de empresas, con un volumen de negocio de 150.000 millones de euros, que dan empleo a más de cuatro millones de trabajadores y 400.000 autónomos.

"Hay que aprovechar la campaña electoral para asegurar el pago de las deudas", afirmaba Cañete, que criticaba que el Estado no hubiera destinado los 13.000 millones del Plan E a financiar a los Ayuntamientos para que hicieran frente a sus deudas. El líder del PMcM pedía además avales de las Administraciones para que las empresas puedan descontar sus deudas y conseguir créditos bancarios. En concreto, reclamó poner en marcha una línea ICO para que los Ayuntamientos puedan afrontar sus deudas, tal y como recoge la Ley de Morosidad.

Lo que está claro es que los Ayuntamientos morosos estrangulan a un empresariado que está sufriendo doblemente la crisis. "Las pymes nos hemos dedicado a financiar a los Ayuntamientos, acostumbrados a pagar a 180 o 200 días", criticaba el anterior presidente de CEPYME, Jesús Bárcenas, hace dos años en este periódico. Y en los últimos 24 meses la situación se ha deteriorado de forma notable por la fuerte caída de los ingresos de los Ayuntamientos por la crisis, que no ha sido compensada suficientemente con un recorte de gastos.

La Ley de Contratos del Estado fija un máximo de 60 días para pagar. Todo lo que exceda de esos dos meses puede considerarse morosidad y los acreedores podrían acogerse al cobro de intereses de demora (por encima del 9%). Sin embargo, las empresas no suelen pedir esos intereses, porque saben que enturbiarían las relaciones con los Ayuntamientos y Gobiernos autónomos y dejarían de ser contratados.

Los casos más sangrantes de deudas de los Ayuntamientos corresponden a las empresas de limpieza pública, que han llegado a amenazar en algunas ciudades con dejar de recoger la basura. Y es que, según la patronal del sector, Aselip, el plazo de cobro de las contratas de basura y limpiezas se ha disparado hasta los seis meses, llegando en algunos casos al año. La situación es especialmente grave en las grandes capitales de Andalucía y en ciudades como Madrid y Barcelona.

Las grandes empresas del sector, filiales de ACS, Ferrovial y FCC, han podido capear el temporal porque tienen mayor capacidad de resistencia financiera, pero las empresas medianas están sufriendo fortísimas tensiones de circulante, que finalmente han trasladado a sus propios trabajadores, que cobran tarde y mal.

Se da además la circunstancia de que las empresas facturan a los Ayuntamientos o Administraciones autonómicas aplicando el IVA correspondiente, que tienen que ingresar en el momento de realizar la factura, pero no cobrarán hasta dentro de 180 o hasta 360 días. Quiere esto decir que pagan un impuesto cuando no saben cuándo van a cobrar por los servicios realizados.

Esta semana se sabrá quiénes van a gobernar los Ayuntamientos españoles durante los próximos cuatro años y si va a haber cambios significativos en una decena de CC AA. Los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos tienen que enfrentarse a este gravísimo problema en unos momentos especialmente difíciles, porque la crisis económica y financiera ataca por todos los flancos: los ingresos fiscales siguen cayendo por la menor actividad económica, la financiación está cerrada para todos y los planes de estabilidad presentados por España en Bruselas incluyen compromisos de reducir los déficits autonómico y local, además del estatal.

Ante esta coyuntura, no queda más remedio que recortar el gasto público, mejorar la eficiencia en la gestión y buscar soluciones imaginativas para pagar las deudas lo antes posible, o dar liquidez a las facturas, mediante avales públicos u operaciones de confirming (adelanto del pago de las compras antes de la fecha de vencimiento de la deuda). Hay que actuar ya.