El fiscal pide 24 años de cárcel para Bravo por la estafa de la Hacienda de Irún

La Fiscalía de Guipúzcoa solicita penas que suman 24 años y tres meses de prisión para el exdirector de la Hacienda de Irún José María Bravo, principal acusado del fraude allí cometido y al que acusa de delitos de malversación, prevaricación, estafa y usurpación de funciones públicas, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Por estos delitos, la acusación que ejercen la Diputación guipuzcoana y las Juntas Generales piden para Bravo 30 años y medio de prisión.

Tras cuatro años de instrucción, el fiscal del caso ha formulado su escrito de acusación provisional, paso previo al inicio del juicio oral, en el que concluye que la red dirigida por Bravo, con la colaboración de su esposa Rosa Cobos y su socio Pedro Atristain, se aprovechó presuntamente de sus atribuciones en la Hacienda de Irún para reclamar el pago de deudas a decenas de contribuyentes, en muchos casos con una rebaja sobre el importe total, para "lucrarse ilícitamente" con el dinero percibido o dejando de ingresar esas cantidades en el fisco tras darlas de baja en el sistema "por insolvencia o prescripción".

Además de los 24 años y tes meses de prisión, la fiscalía pide para Bravo una nueve años de inhabilitación, así como una multa de 1,9 millones más los intereses por las cantidades que los contribuyentes entregaron al principal acusado creyendo que de esa forma estaban saldando sus deudas con la Hacienda foral. También reclama que Bravo pague otros 244.964 euros y sus intereses por el montante que dejó de ingresar el erario público con las resoluciones de prescripción o insolvencia "no ajustada a Derecho" que el procesado empleó para resolver indebidamente los expedientes. La Diputación foral cifró en 8,2 millones de euros la cantidad defrauda en la oficina de la localidad fronteriza.

El fiscal detalla hasta 37 actuaciones delictivas de Bravo entre 1998 y 2004. Hace constar incluso un caso ocurrido en mayo de este último año, cuando un deudor le entregó dinero en una asesoría. En esa fecha, Bravo disfrutaba de una excedencia voluntaria y no estaba al frente de la Hacienda de Irún.

El escrito de acusación, de 76 folios de extensión, solicita 10 años y un mes de cárcel y nueve años de inhabilitación para Cobos, y un año y medio para Atristain, además de una inhabilitación por el mismo periodo. El fiscal Para el cuarto encausado, el decorador José Lamy, se decanta por el sobreseimiento de la causa al no estar "suficientemente acreditada" su implicación en el cohecho.

El ministerio público explica en su documento que para dar "curso legal" al dinero que se apropiaron y ocultaron al fisco Bravo y Cobos constituyeron 17 sociedades mercantiles, recibieron prestamos bancarios y adquirieron viviendas, plazas de aparcamiento, locales, un vehículo todo terreno y una finca destinada a hotel rural en Jerte (Cáceres). Señala igualmente que Bravo, con la misma finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero apropiado, tenía disponibilidad sobre 44 cuentas corrientes de siete entidades bancarias españolas y otras ocho cuentas en Francia.

El fiscal asegura que Bravo y Cobos, sin ponerlo en conocimiento del Juzgado y "con la finalidad de eludir las consecuencias civiles quepudieran derivarse del procedimiento penal iniciado contra ellos", vendieron en junio de 2007 la vivienda que tenían en Urrugne (Francia) por 1,25 millones.

José María Bravo sigue en libertad desde octubre de 2008 tras entregar en el juzgado avales por 1,6 millones que sus familiares aportaron para satisfacer una fianza de 500.000 euros.