El Supremo insiste en paralizar el trasvase del río Castril

El Tribunal Supremo ha ratificado la orden de paralización del trasvase del río Castril, en el norte de la provincia de Granada, pese al recurso presentado por la Abogacía del Estado contra una resolución dictada por este mismo órgano. El Supremo ya declaró nulos de pleno derecho los decretos para corregir la sequía en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, por lo que ordenó la paralización de las obras de trasvase del Castril.

El auto recurrido por la Abogacía del Estado ordenaba la "inmediata paralización" de la ejecución de las obras de emergencia para la conducción de abastecimiento de agua a la localidad de Baza desde el embalse del Portillo. EL Supremo también acordó la paralización de las expropiaciones que se estaban llevando a cabo en numerosas fincas de la comarca granadina y para ello se dirigió Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

El Gobierno no ha informado del estado de las obras a la justicia

La Abogacía del Estado recurrió el auto -ahora ratificado- por considerar que las obras eran de "interés general" y estaban incluidas en la planificación hidrológica. Por ello, solicitaba la suspensión del auto ante el "perjuicio" que podría causar al "objeto y finalidad" de las obras. El Supremo no accede a su pretensión y vuelve a requerir al Ministerio de Medio Ambiente a que informe "inmediatamente" de la situación en la que se encuentra la construcción, puesto que ya se lo solicitó y "no lo ha cumplido".

El Supremo quiere saber también las fechas en las que se han ido realizando las obras para pronunciarse sobre el resto de pretensiones formuladas por la Plataforma en Defensa del Río Castril, que ha sido el colectivo que durante años ha luchado contra el trasvase y que ahora reclama la demolición de lo que se ha construido ya.

Parte del proyecto se ha ejecutado solo con el "amparo" del real decreto de sequía de 2005, que fue anulado por el Supremo en 2010, según consta en una de las resoluciones de este tribunal. Para decidir sobre lo ya levantado, el Supremo necesita conocer el "estado y alcance" de las obras y de ello debe informar Medio Ambiente.