Competencia advierte que almacenar aceite puede ser una infracción

El clamor de todo el sector olivarero para que Bruselas active el almacenamiento privado de aceite de oliva, con el fin de frenar la crisis de precios en origen, que llevan mucho tiempo por debajo de los costes de producción, se ha encontrado en las últimas horas con dos importantes varapalos. A la nueva negativa del Comité de Gestión de Materias Grasas a autorizar el almacenamiento en su reunión del miércoles, se unió ayer la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que sintonizó con las autoridades comunitarias y advirtió que esta medida coyuntural "puede suponer una infracción de las normas de competencia".

Aunque el Ministerio que preside Rosa Aguilar volvió a pedir ayer mismo la activación del almacenamiento en el Consejo de Ministros, lo cierto es que las organizaciones agrarias desconfían ya del papel de la ministra y han pedido directamente la implicación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras tanto, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, introdujo un nuevo elemento de debate al plantear a las comunidades productoras -entre ellas a Andalucía- que se realice un almacenamiento estatal ante una situación "excepcional".

Castilla-La Mancha plantea al Gobierno un almacenamiento privado nacional

Cuando toda la presión agrícola y política parecía centrarse en Bruselas, el presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), Luis Berenguer, arrojó un jarro de agua fría al señalar, en declaraciones a Europa Press, que comprende y comparte la decisión de la UE de no autorizar el almacenamiento, ya que puede ser "una infracción de las normas de la competencia". Berenguer dijo ser consciente de que los problemas del sector agroalimentario se derivan del desequilibrio existente entre "el poder del mercado", que tienen los proveedores y la gran distribución, y la "atomización" de los productores. Pero advirtió a las organizaciones agrarias: "Se equivocan insistiendo en que esos problemas se solucionan mediante negociación colectiva o mediante medidas anticompetitivas".

El presidente de la CNC cree que puede haber otras soluciones, "como el cooperativismo o fórmulas asociativas no anticompetitivas", e insistió en que "mientras no se modifique la legislación europea, cualquier acuerdo de negociación colectivo o acuerdo colectivo de precios en los que los competidores y empresarios se pongan de acuerdo para fijar precios comunes seguirá vulnerando el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado".

Mientras tanto, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, intentó ayer rebajar la presión que las organizaciones agrarias ejercen sobre el Ministerio al minimizar la negativa del Comité de Gestión de Grasas, que es un órgano técnico. Puxeu señaló que el Gobierno volverá a pedir el almacenamiento "al máximo nivel", pero la ministra Rosa Aguilar no ocultó su malestar el miércoles, nada más conocer el nuevo rechazo de Bruselas, y anunció que convocará a todo el sector representado en la Interprofesional del Aceite de Oliva para analizar la situación.

Pero el sector reaccionó ayer con indignación ante lo que consideran un agravio de Bruselas con respecto a otros productos. Recuerdan, por ejemplo, la celeridad de la UE en autorizar el almacenamiento de la carne de porcino, y las reticencias a dar luz verde a un mecanismo similar para el aceite que, según Asaja, tendría un coste de unos 13 millones para la Comisión Europea, pero que supondría un beneficio a todo el sector oleícola superior a los 300 millones de euros. Sólo en Andalucía son 300.000 los olivareros que aguardan esta medida. El precio medio apenas ha superado el último mes los 1,84 euros por kilo, mientras que los costes acumulados son de 2,49 euros por kilo.

En la actualidad, el umbral que permite activar el almacenamiento está en 1,77 euros por kilo de aceite de oliva virgen extra, en 1,71 euros para el aceite virgen y en 1,52 para el lampante, pero fueron precios fijados en 1997. El sector reclama la actualización de este umbral al menos hasta los 2,20 euros por kilo. La intención de España sería pedir el almacenamiento para un plazo de ocho meses y para un volumen cercano a las 200.000 toneladas de aceite. La ayuda recibida por los olivareros durante ese periodo sería de 1,30 euros por tonelada y día.

Aunque fue Andalucía, líder mundial en producción, la que inició la ofensiva para pedir el almacenamiento, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, redobló ayer la presión al proponer a las comunidades productoras y al Ministerio la apertura del mecanismo de almacenamiento privado en el estado.