El concurso eólico abre una crisis en la Consellería de Economía

Las relaciones entre el conselleiro de Economía, Javier Guerra, y su director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, distan mucho de ser fluidas. Un abismo llamado concurso eólico los han estado separando en los últimos meses. La tensión ha subido varios grados esta última semana, la misma que se dio a conocer el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que avala por completo la legalidad del decreto que sirvió de marco jurídico al concurso del bipartito.

En la oposición, Tahoces fue el látigo del PP contra un texto que tachó en infinitas ocasiones como "ilegal", responsable de la "quiebra de la confianza en un sector estratégico para Galicia". Sorprende que, con él al mando de la rama industrial, el actual concurso para repartir el negocio del viento tenga un buen número de detractores en el sector, y no solo entre las empresas que no resultaron beneficiadas y que presentaron algo más de 30 recursos de alzada.

El subdirector de Enerxía que iba a verificar los planes industriales se va

Javier Guerra, que asumió con una enorme diligencia la anulación del proceso anterior tras ser nombrado conselleiro, tiene varios frentes abiertos. Su primera medida se ha demostrado equivocada, aunque mantiene que las "tachas de legalidad", encontradas por el Consello Consultivo al reparto del bipartito junto a un informe interno encargado por él a la asesoría jurídica son motivos suficientes para justificar aquella decisión. Curiosamente, el propio Consello Consultivo le aplicó la misma medicina cuando halló indicios de "inseguridad jurídica", en el anteproyecto de la norma que la Xunta actual redactó a toda prisa a finales de 2009.

El texto para regular el aprovechamiento eólico y establecer un canon salió finalmente adelante en diciembre de ese año. El 29 de marzo de 2010, Guerra firmaba la orden de convocatoria para otorgar 2.325 megavatios en un concurso que iba a servir como ejemplo de transparencia. Resultó igual de controvertido, aunque no se conoce su desenlace.

La patronal eólica EGA, que agrupa a las grandes empresas del sector con intereses en Galicia, mostró hace dos meses su malestar por "la controversia existente sobre determinados puntos de la resolución aprobada". Esos puntos, según las empresas, se derivan de "ciertas ambigüedades en la redacción de la orden de convocatoria publicada en marzo del año pasado y que la asociación ya puso de manifiesto en su día". El departamento dirigido por Tahoces había ignorado las dudas que muchas empresas formularon. Después del desaire público, Javier Guerra se vio forzado a crear dos mesas de trabajo con la patronal en un intento de relajar la tensión. En EGA están representadas grandes perdedoras en el concurso, como Gamesa, o modestas adjudicatarias, caso de Acciona, aunque también figura Norvento, el segundo ganador de megavatios, o Fenosa, la gran triunfadora.

El trabajo de la comisión que valoró los proyectos dirigida por Eliseo Diéguez, director del Inega, también se ha puesto en cuestión. Uno de sus integrantes, Carlos Gómez (subdirector de Enerxía), que no firmó el acta final del concurso en la que se reflejaba el reparto, ha pedido el traslado "por razones personales", a la Secretaría de Deportes. Gómez estaba llamado a ser el presidente de la comisión que va a valorar el cumplimiento de los planes industriales, que son precisamente objeto de las mayores críticas. Multimillonarias inversiones presentan esquemas ridículos de financiación; otras, como los planes de Fenosa Wind, el primer ganador, se centran en el sector energético regulado, algo que Gamesa ha denunciado porque incumple las bases. Copasa prometió construir un hospital en A Coruña del que Sanidade no tiene constancia y sobre el que no se valora la creación de ningún empleo; la planta de basuras de Estela Eólica (la tercera ganadora) fue aprobada contra la prohibición de amparar proyectos que dependiesen de un concurso público, y Fenosa Wind promete crear puestos de trabajo con un gasto en nóminas de 6.106 euros por persona y año, algo que repiten otros adjudicatarios con cantidades incluso menores. Y así un largo etcétera de detalles que cuestionan el rigor del proceso.

Otros evidencian una fluida comunicación entre la comisión y la consellería. Prueba de ello es que el desenlace figura en un acta firmada el pasado 18 de noviembre. Doce horas después, Guerra lo anunciaba a la prensa con un gran despliegue en powerpoint. Pero el certificado oficial de la resolución tiene fecha del 22. Cómo lo supo Guerra es un misterio. Aunque en su gabinete de prensa explicaron luego que, en todo caso, no se equivocó al dar los datos.