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El Gobierno anuncia un plan para que aflore el empleo sumergido

La reforma de los convenios se demorará hasta mediados de abril

La lucha contra el empleo sumergido se ha convertido, inesperadamente, en una de las tareas que comprometerá el Gobierno ante Bruselas. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, prepara un plan para que aflore el trabajo en la sombra, según anunció ayer en el solemne marco de La Moncloa. Gómez encuadró este proyecto en los compromisos que dicta el Pacto del Euro, que se aprobará hoy en una trascendental cumbre comunitaria. Sin querer ofrecer más detalles, el responsable de Trabajo sugirió la posibilidad de que el plan contenga algún elemento de perdón para quienes saquen a la luz trabajo oculto.

La reforma de los convenios que negocian estos días patronal y sindicatos estaba llamada a protagonizar las comparecencias posteriores al encuentro que mantuvo durante la mañana el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los líderes sindicales. Pero la intervención de Valeriano Gómez, también presente en la reunión, introdujo un elemento novedoso: la economía sumergida. Además de reconocer derechos a quienes trabajan en la sombra, el plan "será una buena fórmula para estimular las finanzas públicas". Es decir, nutrirá las arcas públicas por una doble vía: las cotizaciones a la Seguridad Social que se ahorran los empresarios que no dan de alta a sus empleados y los impuestos que eluden quienes cobran sin nómina.

No hay mucha más economía oculta en España que en otros países, dice Gómez

Gómez rehusó aportar más datos hasta que los agentes sociales conozcan el plan, al que tendrán acceso cuando culminen la reforma de los convenios. Pero sí deslizó una pista de lo que puede suponer una medida controvertida para estimular la legalización del trabajo oculto. Preguntado sobre si es factible fomentarla sin introducir elementos de perdón, el ministro abogó por hacer "una mezcla", aunque admitió que, con la legislación española, "no es fácil aplicar amnistías".

El ministro evitó cifrar la economía sumergida -un ejercicio tabú para Hacienda al que Gómez se atrevió en enero, situándola en el 20% del PIB- y sorprendió al asegurar que, frente a las apariencias, la actividad en negro "no es mucho más alta en España que en Alemania o Suecia".

A juzgar por el calendario que avanzaron ayer los sindicatos, el plan contra el empleo sumergido no llegará al menos hasta mediados de abril. Ese es el plazo en el que prevén una "conclusión satisfactoria" de la reforma de la negociación colectiva, según el líder de UGT, Cándido Méndez. Su homólogo en Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, aseguró que el acuerdo está "al alcance" tras la reunión que mantuvieron el martes con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que sirvió para desatascar el proceso. El Ejecutivo acepta la prórroga.

Sobre el vínculo entre salarios y productividad, que el Pacto del Euro insta a reforzar, Toxo dejó claro que la reforma de convenios se limitará a reflejar el modelo vigente "con la idea de reafirmar la negociación salarial acordada". Es decir, la que recomienda revalorizaciones según la inflación prevista, la productividad negociada y las cláusulas de garantía. "El modelo que opera así es el que más conviene al interés general", añadió Méndez. El ministro reforzó esta idea, aunque pidió moderación salarial, "que España necesita hoy y mañana".

Más allá de los sueldos, los responsables de UGT y CC OO rechazaron el Pacto del Euro y lamentaron que incida tan poco en elementos como el paro. Las propuestas españolas para cumplir con ese pacto serán, en cualquier caso, debatidas con los agentes sociales antes de aplicarlas, según les comunicó Zapatero a Toxo y Méndez.

Por otra parte, el Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer su dictamen preceptivo sobre la reforma de las pensiones. Pese a valorarlo, el CES "cree que puede mejorarse", especialmente en jubilación anticipada. El organismo pide que no se penalice más a quien se jubila antes por voluntad propia que por despido, como prevé la norma y advierte de las condiciones gravosas que impone la reforma a profesiones penosas como la agricultura o la ganadería. Además, pide que la sostenibilidad del sistema no solo se fíe a la esperanza de vida, sino a variables como el empleo o la situación económica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de marzo de 2011