La Junta descarta investigar el destino de los fondos de los ERE ya pagados

La Consejería de Empleo no baraja, de momento, ampliar la investigación interna de los ERE (expedientes de regulación de empleo) a los casos que contaron con ayudas públicas y cuyo pago ya finalizó, los denominados ERE muertos, según fuentes de la Junta. El PP ha exigido esta semana que la investigación para hallar a todos los intrusos (personas prejubiladas que no trabajaron en las empresas beneficiadas) se extienda a todos los ERE que subvencionó la Junta desde 2001. Sin embargo, fuentes de Empleo señalan que hasta que no existan "indicios" de irregularidades, estos expedientes no serán analizados.

Empleo aún no ha desvelado el número total de ERE que han contado con subvenciones públicas desde 2001, cuando se creó el fondo para empresas en crisis. Desde 2001 hasta 2009, aproximadamente unos 25.000 trabajadores han percibido prejubilaciones financiadas con fondos públicos, según fuentes de la Junta.

Los populares piden que se revisen las ayudas desde que cambió la norma

Hasta ahora, la Consejería de Empleo ha revisado 64 ERE vivos con 5.273 trabajadores que están recibiendo pólizas de prejubilación, y tiene pendiente ultimar las pesquisas con otros cuatro ERE que afectan a 300 trabajadores para confirmar si es definitiva la cifra de 146 intrusos (59 personas ajenas a las empresas, y 87 con vinculación laboral, pero cuya situación presenta dudas). "Tenemos que conocer las irregularidades en todos los ERE desde el mismo momento en que se habilita un procedimiento al margen del derecho administrativo", ha afirmado el presidente del PP andaluz, Javier Arenas.

Los populares consideran que el equipo de 20 funcionarios que ha identificado a los intrusos, después de una minuciosa comprobación de las listas de trabajadores y pagos ejecutados, debe continuar su función. El PP quiere que no quepa ninguna duda sobre los intrusos y la responsabilidad política de José Antonio Viera, consejero de Empleo durante los tres primeros años del convenio. Además, la Junta podría reclamar el dinero de posibles intrusos que hayan percibido de manera ilegal.

Los intrusos que se han detectado hasta el momento suponen el 4,4% de los casos analizados, pero la Junta considera que no hay riesgo de que aparezcan nuevos casos en los primeros expedientes tramitados desde 2001, cuando se firmó el convenio entre la consejería y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que dio vía libre a las subvenciones públicas a los ERE.

Tanto el PP como Izquierda Unida han exigido tres peticiones de comisiones de investigación en el actual periodo de sesiones del Parlamento pero, de momento, el PSOE no está dispuesto a dar su brazo a torcer y no tienen visos de prosperar en esta legislatura.

Toda la información recopilada por Empleo sobre los intrusos y las pólizas que ahora prevé dejar de pagar ha sido enviada a la juez del caso, Mercedes Alaya. Los últimos datos están incluidos en seis cajas, con cinco tomos cada una, que salieron de la agencia IDEA (heredera del IFA y entidad pagadora de las ayudas públicas) con destino al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. La etapa investigada va desde 2001 hasta 2010. En este periodo, la Dirección General de Trabajo dispuso de un fondo de 647 millones de euros para prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Hasta abril de 2008, la dirección general estuvo ocupada por Javier Guerrero, quien declaró a la policía judicial haber manejado un "fondo de reptiles", aunque luego se retractó.