"Los roces con la Junta son inevitables porque les tenemos que pedir todo"

"Un día de estos me tienes que enseñar bien el edificio", le recuerda Lorenzo del Río a una de sus colaboradoras. El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que asumió el cargo en diciembre, todavía no ha tenido tiempo de explorar todas las dependencias de la Real Chancillería de Granada, joya de la arquitectura civil renacentista y sede del alto tribunal andaluz. El magistrado jiennense (Jódar, 1956) ha dedicado los primeros meses en el cargo a recorrer las capitales de provincia para conocer de primera mano las sedes judiciales y los anhelos de sus compañeros de profesión. Cercano y dialogante, Del Río no rehúye las preguntas polémicas.

Pregunta. ¿Cuáles son los problemas y necesidades más urgentes que ha detectado?

"Los jueces tienen cierto nivel de frustración personal y económica"

"La justicia del siglo XXI no se puede lograr con medios del siglo XIX"

"El trato mediático del 'caso Mariluz' es un ejemplo de lo que no debería pasar"

"Me preocupa la duración excesiva de los macrojuicios por corrupción"

Respuesta. En algunos sitios se observan unas necesidades de infraestructuras apremiantes. Por ejemplo, en Sevilla es candente la necesidad de una Ciudad de la Justicia. En Córdoba pasa lo mismo, hay seis o siete sedes dispersas y es necesario unificarlas. En todas las reuniones con los jueces se plantea el problema de la sobrecarga de trabajo, sobre todo en los juzgados de primera instancia y en los penales, con las ejecutorias pendientes. Además, hay problemas de movilidad de funcionarios que afectan mucho al día a día.

P. ¿Qué acogida han encontrado estas peticiones en la Junta, Administración encargada de los medios materiales y personales?

R. Soy consciente de que la crisis va a demorar algunas de las soluciones, pero es importante que se hayan planteado. En las reuniones que hemos mantenido con la Junta hemos insistido en la necesidad de acelerar la completa informatización de los órganos judiciales, con la supresión de las comunicaciones en papel. El tiempo y la calidad de la respuesta judicial dependen de ello. Si queremos la justicia del siglo XXI no lo podemos conseguir con medios del siglo XIX, y la auténtica revolución será cuando nos comuniquemos por medios electrónicos.

P. El pasado miércoles los presidentes de los tribunales territoriales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamaron al Parlamento que agilice las reformas judiciales, con las leyes de agilización procesal y modernización tecnológica y la creación de los tribunales de instancia.

R. La reunión trataba de mostrar la inquietud de la carrera judicial, pero no buscaba presionar al Parlamento, que tiene sus tiempos. Con la configuración actual, la justicia se usa muchas veces para demorar el cumplimiento de obligaciones o para dilatar procedimientos. La ley de agilización procesal debe introducir mecanismos correctores a este uso abusivo como, por ejemplo, que algunos asuntos de pequeña entidad no tengan recurso. Con los tribunales de instancia, en los que jueces de la misma jurisdicción trabajarían de forma colegiada, con una secretaría y una oficina comunes, se podrían aumentar las plazas de jueces sin necesidad de crear juzgados nuevos.

P. ¿Ve voluntad en los partidos para acometer estas reformas?

R. Esto debe ser algo ajeno al debate partidista. Eso es lo que la carrera judicial quiere transmitir: la necesidad de que haya una sensibilidad de los otros poderes del Estado para que ese esfuerzo de mejora sea mantenido y no perdamos esta legislatura.

P. ¿Qué clima encuentra entre sus compañeros tras la huelga de hace dos años?

R. Los jueces, hay que verlo y sentirlo así porque hay un cierto grado de verosimilitud en ello, tienen cierto nivel de frustración personal y económica porque no se reconoce adecuadamente la alta responsabilidad que tienen y el esfuerzo que gran parte de ellos están haciendo. Entiendo y asumo esa frustración. La organización del trabajo que tenemos es arcaica, el modelo permite que haya muchas disfunciones.

P. La justicia vuelve a ser la institución peor valorada por los ciudadanos. ¿Qué autocrítica hacen?

R. Cuando tenemos esta lentitud en los procedimientos y tal atasco de papel no puede haber grado alguno de satisfacción ciudadana ni personal de los jueces. Hay que analizar las causas de los retrasos: movilidad enorme de los funcionarios, tardanza en la comunicación entre juzgados, sobrecarga de trabajo hacen que muchas veces cuando llega la resolución ya sea tarde. A la sensibilidad judicial le debe doler esta situación de demora, y de ahí la necesidad de las reformas.

P. Convénzame de que el cambio de opinión de la Junta, que va a otorgar a los jueces parte del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia de Málaga no obedece a un privilegio de casta.

R. Se ha entendido razonablemente que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley pero somos distintos en nuestras funciones y responsabilidades y eso permite que haya una diferencia en el tratamiento de ciertas materias, como un aparcamiento. Esto no se puede ver como un privilegio de casta o una prerrogativa, y no sé por qué en la Administración de Justicia genera un problema que no se da en otras administraciones.

P. Entre la exconsejera de Justicia Begoña Álvarez y los jueces hubo unas tiranteces apenas veladas. ¿Cómo son sus relaciones con la Junta?

R. En nuestras primeras reuniones hemos tenido un clima de diálogo muy bueno. Desde el momento en que el poder judicial no tiene capacidad ninguna, ni de gestión ni económica, y que siempre depende de otros poderes, roces tiene que haber inevitablemente, porque nosotros tenemos que pedir todo a la Administración prestacional, desde el bolígrafo hasta la última necesidad.

P. ¿Debería tener el poder judicial un presupuesto propio?

R. En algunos países ya lo tiene y sería una revolución en el modelo. Quizá una mínima capacidad de gestión y económica sería buena, pero es un debate que se tiene que plantear a un nivel mucho más global.

P. ¿Cree que llegaremos a ver en esta legislatura el Consejo de Justicia de Andalucía, previsto en el Estatuto de Autonomía?

R. No sé si lo veremos. Con la Junta no lo hemos tratado, porque es un proyecto a nivel parlamentario nacional que implica modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su diseño habría que olvidarse de las referencias anteriores y partir de los parámetros marcados por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, teniendo en cuenta que el poder judicial es único y que el CGPJ es el único órgano de gobierno pleno.

P. Usted es el único presidente de tribunal territorial de la asociación Francisco de Vitoria. ¿Por qué para acceder a órganos de gobierno de la justicia parece que prima el intercambio de cromos entre las asociaciones?

R. Eso es algo accesorio y colateral, no hay que dar tanta importancia a la adscripción asociativa.

P. Sí, pero resulta que cuando se toman decisiones en el pleno del CGPJ o en el Tribunal Constitucional, se pueden conocer de antemano los resultados de la votación en función de la asociación a la que pertenece cada magistrado.

R. Ese es un mensaje que no deberíamos transmitir porque daña nuestra imagen y hace daño a la sociedad. No obstante, prefiero quedarme con que los jueces son fundamentalmente jueces y obedecen a criterios de honestidad y lealtad y responsabilidad.

P. ¿Cómo valora los macrojuicios por corrupción?

R. Tengo una opinión favorable porque la Administración y el poder judicial han sido capaces de poner los medios para que se celebren con absoluto decoro y normalidad. Sin embargo, me preocupa la duración tan excesiva de los procedimientos. Parece que estos juicios pueden durar lo que quieran las partes. Habrá que plantearse fórmulas para que un procedimiento no se eternice por un derecho de defensa mal entendido.

P. ¿Qué opina del tratamiento mediático de los juicios?

R. No me gusta. Es importante que los medios hagan un esfuerzo de autocontrol y contención, sin perjuicio de que luego se valore la sentencia, Lo que se ha hecho en el caso Mari Luz es un ejemplo de lo que no debería pasar.