Un promotor pide cárcel para el alcalde de Baiona

La acusación particular en las diligencias previas por la denegación de una licencia urbanística en Baiona pide de seis meses a un año de cárcel, más multa y de tres a seis años de inhabilitación, para el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, del PP, y el teniente de alcalde, Miguel Ramón Vilar Márquez, por un presunto delito de tráfico de influencias. Esta imputación se añade a la de prevaricación, formulada por la fiscalía en septiembre pasado contra ambos ediles y la concejal de Urbanismo, Ana Simóns, por el que el fiscal, y ahora la acusación particular, piden para ellos ocho años de inhabilitación.

El fiscal también acusa de prevaricación, en tanto que "cooperadores necesarios", a la secretaria municipal, Susana Gallardo Fariña, y al asesor jurídico del Ayuntamiento, Juan Colón Garrido, para quienes pide cinco años de inhabilitación. La acusación particular extiende la imputación de tráfico de influencias a Juan Colón; la de infidelidad en la custodia de documentos, a Gallardo, y falsedad documental, a Gallardo y Colón.Los hechos, que se verán en el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, remiten a la tramitación de dos licencias de obras solicitadas en 2007 por la promotora Herederos de Concepción Taboada del Río para edificar en dos parcelas colindantes, en el centro de Baiona. Antes de formalizar la petición de las licencias, según la acusación de los promotores, el jurídico municipal, Juan Colón, los emplazó a alcanzar un arreglo con su "pariente y amigo íntimo" Jesús Pérez Gil, dueño del Hotel Talasso y titular de 35 de los 321 metros cuadrados de una de las dos parcelas. Pérez Gil "tenía unas pretensiones económicas exorbitadas", dicen los promotores: pidió tres millones de euros por su propiedad.

La promotora solicitó las licencias para las dos obras en marzo de 2007 y, durante tres meses de tramitación del expediente, mantuvo conversaciones con el alcalde, Simóns y Colón, que les insistieron en que "no habría problema con las licencias si había acuerdo con Pérez Gil".

Después de sucesivas demoras en la tramitación por motivos diversos y espurios, la promotora las entendió concedidas por silencio administrativo, lo que desestimó la Xunta de Goberno, ya en febrero de 2008. Las obras fueron paralizadas y el concejal Vilar, a través del encargado de las mismas, dejó a los promotores el mensaje de que "pasaran por su oficina, que con un acuerdo económico se podría resolver la paralización". Por el camino desapareció un informe del arquitecto municipal, Faustino Mena, favorable a la concesión de las licencias.