La Sindicatura advirtió de los contratos a dedo del Ivadis

La Sindicatura de Comptes fiscalizó en 2003 al Instituto Valenciano de la Discapacidad (Ivadis). Entre sus conclusiones, censuró los procedimientos de contratación a dedo de directivos, entre ellos, el de administrador, un cargo salpicado recientemente por la polémica ya que ha sido denunciado por Bienestar Social de cometer presuntas irregularidades contables.

José María Vicent Sarrión, el exadministrador acusado por la consejería de desvío de fondos, aterrizó en el cargo en 2002, cuando Rafael Blasco dirigía Bienestar Social. Sarrión coincidió con la sobrina de Blasco en la directiva del Partido Social Demócrata y era miembro de la falla Caputxins de Alzira, muy vinculada a la familia del portavoz del PP en las Cortes Valencianas.

El año siguiente de aterrizar Vicent en el Ivadis -en que Blasco fue destinado a Territorio y Vivienda- la Sindicatura fiscalizó este organismo. Y advirtió, con relación a la selección de puestos directivos -administrador, entre otros-, que "los criterios de evaluación aprobados, a propuesta del director gerente, tienen un amplio margen de discrecionalidad".

Mientras, sigue la tensión entre los trabajadores del Ivadis. En un mensaje electrónico privado mandado a trabajadores del instituto de la discapacidad por el exresponsable de Castellón al que ha tenido acceso este diario, éste recuerda cómo denunció al gerente, David de Cubas, la "discapacidad profesional" de Vicent, sin que se le hiciera caso.