Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los partidos calientan la campaña en los pueblos con una 'guerra del agua'

Oposición y sindicatos desatan una campaña sobre el cobro del nuevo impuesto

El pasado miércoles, en el pleno del Parlamento, el conselleiro de Medio Ambiente realizó un inusitado anuncio, eclipsado por el debate sobre el incremento del paro. Agustín Hernández aseguró, en respuesta a una calculada pregunta del PP, que ni pozos propios ni traídas vecinales pagarán el canon del agua, el nuevo impuesto previsto en la Lei de Augas que entró en vigor el pasado 18 de diciembre. La oposición lo consideró una confesión de que no se aplicará la ley.

La afirmación de Hernández es consecuencia de la guerra del agua desatada de forma silenciosa desde que se aprobó la norma, que aplica en Galicia el cobro obligatorio del agua contemplado en la directiva europea. En una sociedad donde el medio rural tiene tanta relevancia, y en la que la gestión de pozos y traídas vecinales es foco permanente de conflictos, el canon derivó en amenaza electoral. El PP pidió al conselleiro que compareciese ante el pleno parlamentario y Hernández soltó su mensaje tranquilizador.

PSdeG y BNG acusan a Medio Ambiente de incumplir su propia ley

La Xunta tuvo la habilidad electoral cuando redactó la ley de posponer el cobro del canon, y del también nuevo coeficiente de vertido, hasta que un reglamento desarrolle ambos tributos, a final de año. No fue la única cautela de la Consellería de Medio Ambiente. Una disposición adicional, la decimocuarta, faculta al conselleiro a decretar la "no liquidación de deudas" cuando la ejecución del canon o del coeficiente "resulte antieconómico". Ahora, a esa disposición se agarran Xunta y PP para asegurar que ningún pozo particular y que "casi ninguna" traída vecinal pagarán por el agua.

El argumento de la consellería es el siguiente: la aplicación de una bonificación del 90% en el canon para pozos y traídas vecinales, prevista en la ley, provocará que cobrar los recibos resulte más caro que declararlos exentos. Cuestión de interpretación. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el consumo medio de agua de los gallegos, y según los cálculos del PSdeG, una comunidad de unos 100 usuarios deberá pagar 1.670 euros al año. Un pozo particular andaría por los 17 euros. "¿Cuesta más pasar un recibo anual? La respuesta es no, pero de lo que ahora se trata para la Xunta es de dejar pasar las municipales cómo sea", sostiene la diputada socialista Carmen Gallego.

La guerra del agua se libra en una batalla de cifras. El diputado del PP Román Rodríguez habla de 0,43 euros mensuales. La Xunta, de 14 céntimos mensuales por usuarios. "Solo las traídas con un volumen muy grande tendrán que pagar, gracias a esa bonificación que introdujimos del 90%, por lo que el impacto social será mínimo", sostiene Rodríguez. Con datos muy similares, el PP y la Xunta han salido simultáneamente a contrarrestar la intensa campaña que socialistas y nacionalistas desarrollan en Galicia, principalmente en los ayuntamientos donde predomina el medio rural, a la que se sumó ayer el Sindicato Labrego Galego.

Acusaciones de mentira y broncas telefónicas

El tono del debate del pasado miércoles en el Parlamento evidenció la tensión que está generando el nuevo canon. El autor de la pregunta al conselleiro, José Carlos López, acusó a la oposición de utilizar "la manipulación, el pancartismo y la mentira" en contra del nuevo canon. Se refería a las campañas informativas que vienen desarrollando socialistas y nacionalistas, que han dado lugar al anuncio de la exención del canon a pozos y traídas, extremo que en ningún momento se deslizó durante la tramitación de la ley en la Cámara.

La socialista Carmen Gallego instó ayer a Agustín Hernández a "modificar la ley o dimitir", tras anunciar que "no cumplirá" la norma. La diputada llegó a calificar de "delito", además de "falta de respeto al Parlamento", el "incumplimiento declarado" de la ley. Mientras Gallego recorre las comarcas informando del canon que se viene encima, en el BNG el dirigente Gonzalo Castro coordina una campaña similar, apoyado por diputados de la zona. Y ayer, el Sindicato Labrego Galego (SLG) se sumó a las críticas a una norma que sus dirigentes tacharon de "anticonstitucional".

El sindicato agrario nacionalista consideró la ley "la mayor agresión que sufre Galicia en la época democrática", ya que "privatiza un elemento indispensable para la vida como es el agua". La secretaria general del SLG, Carmen Freire, también puso en duda que el canon no se vaya a aplicar. "Lo que tiene que hacer la consellería es derogar la ley si no la va aplicar". "Anda diciendo que hacen una ley para no aplicarla, eso no lo cree nadie", apostilló Freire.

Medio Ambiente ha intentado por todos los medios detener la bola de nieve, con movimientos del propio conselleiro que el PSdeG interpretó en un primer momento como un intento de renegociar la norma. Todo quedó en una agria discusión privada entre Hernández y Gallego, que dio continuidad a la que esa tarde habían mantenido en el hemiciclo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de febrero de 2011

Más información