FCC toma la delantera para construir y gestionar la incineradora guipuzcoana
La oferta del grupo liderado por la firma de Esther Koplowitz suma 223 millones
La alianza empresarial encabezada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de la que forman parte Serbitzu Elkartea, Altuna y Uría, Construcciones Murias y AE&E Inova AG, se perfila como la adjudicataria del concurso público para la construcción y explotación del centro de gestión de Residuos de Zubieta, que acogerá la futura incineradora de Guipúzcoa. El Consorcio de Residuos de Guipúzcoa celebró ayer el acto de apertura de las dos propuestas económicas presentadas a la licitación. La oferta presentada por la unión temporal que comanda FCC asciende a 223,4 millones de euros, exactamente el precio máximo recogido en la licitación. La agrupación que integran Befesa, Thyssenkrupp, Novergie, Construcciones Galdiano y Antzibar resulta más barata: 213,9 millones.
Befesa presenta la oferta más barata y FCC tiene la mejor puntuación técnica
El adjudicatario gestionará la planta durante cinco años por 49 millones
En el apartado económico, Befesa obtiene una mejor puntuación que su oponente, pero podría no ser suficiente para enjuagar la ventaja que FCC obtuvo en la evaluación de los informes técnicos. Al analizar la tecnología que proponían ambos licitadores, el grupo empresarial que encabeza Esther Koplowitz reunió 393,34 puntos frente a los 350,36 que logró Befesa.
La mesa de contratación del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, a la vista de estos resultados económico-técnicos, deberá valorar cuál de las dos propuestas es la más adecuada para adjudicar la construcción y explotación del complejo de residuos y la incineradora de Zubieta, en terrenos de San Sebastián aunque más próxima a los núcleos de Usurbil y Lasarte-Oria. Su puesta en marcha se prevé para el año 2013.
Los 223,4 millones que plantea FCC y los 213,9 millones de Befesa irían dirigidos exclusivamente a financiar la inversión prevista en la construcción del centro de residuos -incluye una incineradora, una planta de pretratamiento mecánico-biológico y otras instalaciones auxiliares y servicios comunes-. Las dos UTE también presentaron sendas propuestas económicas para hacerse cargo de la explotación y el mantenimiento de las citadas infraestructuras durante un periodo inicial de cinco años. La plica del grupo Befesa, por un importe de 48,6 millones, también es ligeramente más favorable que la presentada por el equipo FCC, que vuelve a calcar los 49,4 millones que establece el presupuesto de la licitación. La UTE que resulte finalmente adjudicataria podría ver prorrogado el contrato para la gestión del centro de residuos por otro lustro y 53,2 millones adicionales.
En el apartado dedicado a los "ingresos generados por la electricidad y metales", ambas alianzas empresariales calculan que se obtendrían alrededor de 15 millones de euros. Según el pliego del concurso, la adjudicataria contará con tres meses de plazo para presentar el proyecto básico y otros nueve para elaborar el constructivo e iniciar las obras. En la actualidad ya se están acometiendo los trabajos para construir, por un montante de 4,2 millones, los viales que darán acceso tanto al emplazamiento donde se ubicará la planta de combustión, además de un polígono industrial y el centro penitenciario que está proyectado en este entorno.
El Consorcio de Residuos de Guipúzcoa enfila la recta final de la tramitación administrativa para poner en marcha los trabajos de ejecución de las infraestructuras de tratamiento de las basuras de todo el territorio.
El consorcio, del que forman parte la Diputación y las mancomunidades que gestionan las basuras de Guipúzcoa, ya obtuvo a comienzos del año pasado la concesión por parte del Gobierno vasco de la autorización ambiental integrada. También ha logrado cerrar, hace ahora una semana, las líneas de crédito para financiar el coste de la operación. El Banco Central Europeo prestará un total de 195 millones, además de otros 68 millones que se contratarán con la banca comercial (La Caixa y Banesto). Las instituciones aportarán de sus recursos públicos el montante que resta (aproximadamente el 33% del total) hasta completar los cerca de 380 millones que se necesitarán para ejecutar la red completa de infraestructuras.
El Consorcio de Residuos verificará la solvencia económica de las empresas
La UTE que encabeza Befesa presentó a comienzos de enero ante el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa un escrito en el que solicitaba la exclusión del otro aspirante a construir la incineradora de Zubieta, el grupo liderado por FCC.
Para sostener su petición, adujo que la firma austriaca AE&E INOVA AG -comparte alianza con FCC, Serbitzu Elkartea, Altuna y Uría, y Construcciones Murias- están en "situación de insolvencia económica", lo que "debe determinar necesariamente la exclusión de la oferta" de la UTE en la que participa, siempre según el equipo de Befesa.
La asesoría jurídica del Consorcio de Residuos comunicó ayer, durante la apertura de las ofertas económicas, que el recurso carece de rigurosidad, está basado en noticias de prensa y contiene inexactitudes.
No obstante, Aralar ha solicitado la comparecencia en las Juntas Generales de Guipúzcoa del diputado de Desarrollo Sostenible, Carlos Ormazabal, para que aclare si ha existido un "trato de favor" hacia alguna de las empresas que optan al concurso para construir la incineadora.
La portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, explica que su petición está justificada tras las "graves acusaciones" de Befesa sobre supuestos tratos de favor a la candidata contraria en el concurso de licitación. Esta formación, haciéndose eco de una información de prensa, asegura que "una de las UTE que se ha presentado está integrada por una empresa que dirige una persona relacionada con el PNV", y además cuenta con otra compañía que "no podría probar la solvencia económica requerida".
Tras conocerse ya la puntuación técnica -FCC mejora a Befesa- y las ofertas económicas -Befesa es más favorable que FCC-, el Consorcio de Residuos ha asumido el compromiso ser estricto y escrupuloso en la verificación de la solvencia económica de los aspirantes antes de determinar finalmente la UTE que se adjudicará el concurso público.
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