El 'conseller' tiene razón
El conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, demanda a la Administración central el pago de 1.000 millones de euros. Ese es el dinero que debería recibir en el año en curso la Generalitat por el llamado fondo de competitividad, un instrumento creado en la reforma de la financiación autonómica de 2009 y que es el equivalente al también nuevo fondo de cooperación que perciben las comunidades autónomas (CC AA.) menos desarrolladas en términos económicos, como Galicia. A mi juicio, tiene razón. No existen razones objetivas para que la Administración central cambie de criterio y ahora haya que esperar dos años para cobrarlo. Lo que no se entiende muy bien es por qué fue Galicia una de las pocas CC AA que protestó en su día por ese aplazamiento, que en nuestro caso supone casi 250 millones de euros para 2011.
La Administración central tiene que transformarse porque ya no controla la mitad del gasto público
El que no existan razones objetivas de peso para el cambio de criterio no quiere decir que no exista una explicación sencilla: la Administración central pretende trasladar a las CC AA el esfuerzo principal en la consolidación fiscal y el ajuste de gasto. Al no dilatar en el tiempo la devolución de los ingresos a cuenta y anticipos correspondientes a 2008 y 2009, no pagar por adelantado esos fondos de cooperación y competitividad, y restringir el acceso al endeudamiento, sitúa a las Administraciones autonómicas ante una restricción presupuestaria nunca antes vista. Con el agravante de que 2010 ya fue un año muy duro en términos de recursos: cada vez es más difícil encontrar dónde meter la tijera. El deterioro de los servicios públicos en 2011 y 2012 es inevitable si nada cambia y si las facturas no empiezan a acumularse en el cajón. Y ello por muy buenos gestores que tengamos.
Esta realidad presupuestaria se combina con un discurso ampliamente compartido en Madrid de que la esfera autonómica es responsable de la mayor parte de nuestros problemas económicos actuales: despilfarro de recursos públicos; cajas de ahorros con anclaje territorial insolventes, controladas por élites locales y generadoras de graves costes en el terreno de la credibilidad de la economía española; Gobiernos autónomos que atentan contra la igualdad de todos los españoles, etcétera.
No es justo. La realidad es más compleja y menos antipática. Las CC AA han sido y son un motor de desarrollo socieconómico envidiado por muchos fuera de España. Los problemas de duplicidad de gasto y superposición de competencias tienen tanto que ver con las comunidades como con la no redefinición de un espacio provincial pensado para desempeñar un determinado papel en un Estado centralizado, con la incapacidad de redefinir el mapa municipal decimonónico o con la dificultad de que en la capital del Reino entiendan que la Administración central tiene que transformarse cuando más de la mitad de gasto público directo ya está en manos de otras administraciones.
Existen CC AA, entre ellas Galicia, en las que los errores de gestión en sus cajas nada tiene que ver con la intervención política y en las que es factible, por dimensión e implantación, mantener entidades financieras de ámbito regional eficientes y solventes, siempre que no se torpedeen sus planes estratégicos.
Por su parte, es verdad que necesitamos una Administración central fuerte, responsable de competencias que no se deben descentralizar por razones de eficiencia y racionalidad, que dicte y haga cumplir una legislación básica para garantizar, entre otras cosas, el concepto de unidad de mercado, y que tenga capacidad financiera para preservaar la redistribución interterritorial e interpersonal entre los españoles. Pero eso no debería interpretarse en clave maximalista, para acabar entendiendo cualquier esfuerzo legislador autonómico razonable como un atentado a la unidad de España.
