La junta de L'Albufera no fijó su posición sobre la busca de petróleo
La sorpresiva presencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de la alcaldesa Rita Barberá, por primera vez, en la reunión celebrada esta semana por la Junta Rectora del Parque Natural de L'Albufera -en pleno debate sobre las prospecciones petroleras autorizadas por el Gobierno- les valió ayer un severo varapalo de la delegada del Gobierno, Ana Botella, que les acusó de "utilizar" a la junta rectora para hacer "oposición" política a los sondeos petrolíferos con un "ejercicio de tremendismo" ajeno al funcionamiento de este órgano. En contra de lo que informó el PP, la junta no se pronunció sobre el asunto.
La reunión "extraordinaria" presidida "por sorpresa" por Camps, con la presencia inusual de Barberá, fue "una puesta en escena exagerada" para "contraprogramar" la firma en Madrid del Pacto Social del Gobierno, los sindicatos y la patronal. La Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Cotino, difundió incluso una nota en la que se afirmaba: "La Junta Rectora de L'Albufera rechaza las prospecciones frente a las costas valencianas. Las conclusiones serán trasladas al presidente del Gobierno".
"La junta", replica Botella, "no se manifestó. De hecho, ni siquiera se cumplió con el orden del día: no se abordó el punto de ruegos y preguntas". Tras la intervención del rector de la Universitat de València y del director del Instituto Cartográfico, que presentaron una simulación del litoral valenciano lleno de torres como el golfo de México, la alcaldesa, añade Botella, acaparó la reunión con "un enfervorizado mitin lleno de críticas al Gobierno".
La junta rectora celebra solo dos reuniones ordinarias al año. "Jamás había asistido la alcaldesa. Lo habitual es que ni asista el titular de Medio Ambiente", prosigue Botella. "Salvo error, es la primera vez que Cotino se deja ver en la reunión. Eso es lo habitual: el absoluto desinterés por L'Albufera". La delegada del Gobierno subraya que la "principal actuación medioambiental" de L'Albufera la lleva a cabo el Gobierno central con una inversión de 477 millones de euros desde 2007 destinados a un plan de regeneración y reutilización del agua.
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