La Junta aspira a que haya 315 linces en cinco años

La Junta pretende que la población de lince ibérico en Andalucía crezca en los próximos cinco años de los 230 ejemplares actuales a 315. Así se recoge en el plan de recuperación del lince que ayer aprobó el Consejo de Gobierno junto a los de otras dos especies en peligro de extinción: el águila imperial y el pinsapo. Los nuevos planes incluyen tanto medidas destinadas a la recuperación de las poblaciones como a proteger sus hábitats actuales y las posibles áreas de expansión.

En el caso del lince, el plan tendrá una vigencia de cinco años y pretende ser la continuidad de las medidas puestas en marcha hace una década para salvar la especie y que han permitido pasar de 120 ejemplares a los 230 actuales (165 en Sierra Morena y 65 en Doñana). Además de en estas dos zonas, el plan se extenderá a los territorios considerados de expansión potencial para esta especie, como Guadalmellato, Guarrizar y la conexión Doñana-Sierra Morena.

En el caso del plan del águila imperial, las medidas se mantendrán hasta que se alcance "un tamaño de población y unas condiciones de conservación" que permitan cambiar la catalogación de esta especie de "en peligro de extinción" a "vulnerable", explicó ayer la Junta. Según los últimos censos, Andalucía acoge 61 de las 251 parejas de población mundial de esta especie, que a finales de la década de los setenta registró un mínimo histórico de 50 parejas.

Tendidos eléctricos

En la última década, los esfuerzos de conservación se han centrado en eliminar las amenazas que suponen el uso de cebos envenenados y las electrocuciones en tendidos eléctricos. Este trabajo, según la Junta, ha supuesto que la mortalidad por electrocuciones se haya reducido el 80% y la población que la especie se haya duplicado desde 2001.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó también modificaciones en la normativa autonómica sobre industria y energía con el objetivo de simplificar algunos procedimientos administrativos en estos ámbitos y sentar las bases para su futura tramitación electrónica. La principal novedad es la supresión del plazo de 20 días para la puesta en servicio de la mayoría de las instalaciones industriales y energéticas. La Junta se ha comprometido a que estos proyectos (de los que se excluyen los relativos a generación, transporte y distribución energética) recibirán un trámite telemático único de respuesta administrativa "inmediata".