Los veterinarios despedidos piden amparo a la justicia

Finalizado sin acuerdo el período de consulta del ERE que deja en la calle a toda la plantilla de veterinarios del Seaga, los trabajadores de esta empresa pública encargada de la identificación del ganado acaban de presentar un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza en el que piden la suspensión cautelar del Decreto 183/2010, que deja el control de las reses en manos del ganadero y de empresas privadas. "Hay argumentos de sobra para anular una norma que compromete la salud de los consumidores", asegura Emilio Deaño, miembro del comité de empresa.

Los veterinarios, que la semana pasada denunciaron ante Inspección de Trabajo "presiones" de la gerencia, insisten en que el ERE se basa en la nueva norma de identificación del ganado y que si el TSXG se pronuncia a favor de suspenderla, el despido de los 116 empleados de Seaga quedará sin validez. "El ERE se basa en el decreto y si el Tribunal lo anula, nosotros tenemos que volver a trabajar", explica.

Los veterinarios denuncian, asimismo, la "mala fe negocial" de la Xunta, que pretende indemnizar a los despedidos con un total de 2.100.000 euros. "A nadie de la Xunta se le pasó por la cabeza una recolocación o el adelgazamiento del servicio. Ese dinero será mejor invertido trabajando", defiende Deaño, que acusó a la Xunta de favorecer con el nuevo decreto que "más de 5.000" reses estén sin identificar desde el pasado verano porque "no se cubrieron bajas ni vacaciones".

A la espera de que se pronuncie el TSXG y, como medida de protesta, los veterinarios de Seaga, que siguen cobrando sus sueldos, recorrerán varias ferias y ciudades gallegas con una "clínica móvil" en la que harán revisiones gratuitas a los animales.