Fomento pretende ahorrar 4.700 millones con precios fijos en las obras

Un ahorro del 22% en el coste de las nuevas infraestructuras, equivalente a unos 4.700 millones de euros, sin afectar a la funcionalidad ni a la seguridad. Fomento ha publicado una orden ministerial para la mejora en la eficiencia en la ejecución de obras públicas, que, entre otras medidas, establece precios de referencia para cada kilómetro de ferrocarril de alta velocidad, carretera o pista de aterrizaje.

La norma, publicada en el BOE el pasado jueves 23, contiene reglas que a primera vista pueden parecer obviedades, pero que no lo deben de ser tanto en vista de que Fomento ha considerado necesario establecerlas. "Únicamente se proyectarán los túneles estrictamente necesarios" y "la longitud de las estructuras proyectadas deberá ser la mínima compatible con la Declaración de Impacto Ambiental y con el obstáculo a salvar".

Se proyectarán los túneles y viaductos "estrictamente necesarios"

Si una comunidad reclama obras adicionales deberá financiarlas

¿Se hacían túneles y viaductos por capricho? Fomento lo niega, pero insiste en la necesidad de dar cumplimiento a la normativa medioambiental al menor coste: cuando haya varias soluciones posibles para respetar por ejemplo una zona de protección se elegirá la más barata. "Es un problema de prioridades", dicen fuentes de Fomento: antes, construir a toda costa; ahora, ahorrar como sea. La rebaja de 4.700 millones en los costes permitirá construir 275 kilómetros de ferrocarril y 235 de autovía.

La propia orden ministerial (que afecta a las nuevas obras pero también a las que estén en ejecución si se consiguen ahorros y no se impida el avance de la construcción) reconoce que el gran desarrollo de las infraestructuras en España ha ido acompañado de un "aumento significativo del coste medio del kilómetro". Pese a ello, según Fomento, los costes unitarios en España son "muy competitivos". Y han conseguido reducirse ya este año de manera significativa, a tenor de los datos del propio Ministerio: el precio medio del kilómetro de ferrocarril ha bajado de 9 a 6,25 millones de euros y el de autovía de 8,5 a 6 millones.

La nueva normativa (que no afecta a las obras portuarias ya que las licitan las autoridades portuarias, en las que participan otras Administraciones) obliga a que los proyectos constructivos se ajusten a los estudios informativos realizados previamente o a justificar cualquier modificación que se proponga. Los autores de los proyectos tendrán que emitir un certificado en el que se declare que han seguido esas normas.

Además, cuando una Administración autónoma o local reclame mejoras en la obra proyectada por Fomento y sus empresas asociadas (ADIF, FEVE o AENA) que no se justifiquen por el "interés general del Estado", tendrá que financiarlas.

Las horquillas de costes de construcción que establece la orden ministerial (véase gráfico) se podrán revisar cada dos años. Las bajas ofrecidas por las empresas en los concursos ya se han desincentivado en los pliegos de condiciones, dando menor peso en la puntuación a la oferta económica, según Fomento.

Otro de los asuntos que aborda la norma es la necesidad de ajustar las obras a la demanda, de modo que se fijan incrementos de tráfico de uso obligatorio para los estudios: un 1,08% hasta 2012 y un 1,44% a partir de 2017. Hay que ser "muy cautos", dicen en Fomento, para evitar que se repitan situaciones como las de las radiales de acceso a Madrid que el Estado tiene que rescatar por falta de clientes, entre otras causas. Los desarrollos urbanísticos alrededor de Madrid se veían como "inagotables". Ahora la norma veta actuaciones cuya necesidad se base en la promoción de desarrollos urbanísticos o polígonos industriales. Fomento podrá autorizar esas obras siempre que las paguen los promotores.